Sucesos.-Las familias del poblado de Tablada permanecen en la carretera de El Copero a la espera de soluciones

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras el desalojo del asentamiento creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, donde habitaban al menos 41 familias exiliadas del Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, el colectivo de familias chabolistas permanecen reagrupadas en la carretera que conduce a la base militar de helicópteros de El Copero, donde ayer expiraba el plazo de 24 horas concedido por la Autoridad Portuaria de Sevilla para abandonar estos suelos y donde no se ha consumado desalojo alguno.

Fuentes del colectivo de chabolistas, desalojados el viernes primero del poblado instalado entre el puente de hierro y el puente de Juan Carlos I y luego en el Charco de la Pava, informaron a Europa Press de que a día de hoy siguen asentados en la carretera que conduce hasta la base de helicópteros de El Copero, toda vez que el desalojo inicial había sido ordenado por el Ministerio de Economía y Hacienda como titular de aquellos suelos ubicados junto a la dehesa de Tablada.

No obstante, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, había señalado ya en declaraciones a Europa Press que si este grupo de familias no abandonaba estos suelos propiedad del Puerto por propia voluntad, se haría cumplir "la legalidad" con el desalojo de estos suelos sometidos a una "ocupación ilegal".

De cualquier manera, en torno a un camino de arena y piedras que parte de la carretera y se interna en una zona de matorral y arbolado disperso, estas familias siguen en sus autocaravanas, furgonetas y precario mobiliario doméstico entre los escombros y residuos.

Están, así, a la espera de las "gestiones" impulsadas ante las autoridades por las organizaciones y voluntarios que respaldan a este colectivo, cuyos antiguos hogares del Polígono Sur permanecen precintados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tras el éxodo protagonizado por temor a una venganza ante la muerte de este menor. Las viviendas, como se recordará, son de titularidad pública e inicialmente sólo tres de las familias contaría con documentación para probar su propiedad legal.

EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO

Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de este menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales han declarado como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.

Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.

Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.