MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
En Andalucía hay 32 trabajadores y sindicalistas inmersos en procedimientos penales a raíz de su participación en las huelgas generales de 2010 y 2012 y en otro conflicto laboral en una empresa y a los que se les imputan delitos de lesiones, atentado, coacciones a la huelga o desórdenes públicos, según han denunciado este jueves los máximos responsables de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente.
En una rueda de prensa en Madrid, han explicado que en el conjunto de España hay al menos 260 sindicalistas que están siendo objeto de procedimientos sancionadores o penales, en un total de 81 expedientes abiertos contra ellos por ejercer el derecho de huelga, y han destacado que hay expedientes abiertos en 13 de las 17 comunidades autónomas.
En Andalucía hay expedientes abiertos en Cádiz, Granada, Málaga, Huelva y Sevilla y en todos los supuestos se trata de procedimientos penales. Los conflictos de los que derivan estos procedimientos están relacionados con la huelga general de septiembre de 2010, en el caso de los de Cádiz; la huelga general de noviembre de 2012, en Málaga, y un conflicto en el desarrollo de una huelga de empresa en 2009, en Granada.
Por su parte, en el caso de Huelva, el conflicto se refiere a la huelga general de noviembre de 2012 y ha generado tanto un procedimiento administrativo como un procedimiento penal, contra la misma persona que es responsable en la Unión Provincial. Los expedientes de Sevilla también se deben a la huelga de noviembre de 2012.
En los procedimientos penales de Granada y Málaga se imputan los delitos de lesiones, atentado y en particular el delito de coacciones a la huelga del artículo 315.3 del Código Penal; mientras que en el caso de Huelva se imputa un delito de desórdenes públicos, atentado y coacciones, que en este caso parece que son referidas a la modalidad genérica. En el ámbito administrativo se han impuesto dos sanciones muy graves con un importe conjunto de más de 60.000 euros, quedando suspendida su ejecución hasta la resolución del procedimiento penal.
En el informe que han presentado los sindicatos se subraya que en el procedimiento de Granada recayó una sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal aunque no tienen constancia de que pronunciamiento hubiera sido revocado ni tampoco de que esté pendiente de recurso; mientras que en el de Sevilla, la petición es de un año de cárcel y multa por delito contra la seguridad vial.
El documento se fija en San Fernando (Cádiz), donde se dictó auto de apertura de juicio oral contra tres trabajadores de Navantia en relación con el conflicto derivado de una manifestación de 6 de noviembre de 2012. Por parte de la Fiscalía se solicitan penas de nueve meses, 14 meses y dos años y tres meses de prisión, para los tres trabajadores por la comisión de delitos de desórdenes públicos, atentado con empleo de medios peligrosos y una falta de lesiones.
En el mismo denuncian que a un trabajador se le imputa el haber arrojado un micrófono contra el agente que dirigía al grupo de la UIP sin que el objeto alcanzara al funcionario. A otro trabajador se le acusa de golpear con un paraguas a un policía que formaba el cordón policial ante la sede del PP alcanzándole en el antebrazo derecho y a otro, de darle paraguazos al agente sin que conste que le alcanzara pero acabó fracturando el escudo policial.
En una rueda de prensa conjunta en Madrid, Toxo y Méndez han denunciado que "durante 35 años se ha producido una interpretación correcta, constitucional del derecho de huelga" pero ahora se ha producido un desequilibrio "a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho a la huelga".
Los responsables sindicales han remitido una carta al Ministerio de Justicia para alertar de la necesidad de realizar "cambios normativos en el Código Penal para revisar el tratamiento a los conflictos laborales". Asimismo, han escrito semanas atrás al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para pedirles compromiso con este tipo de situaciones.
UNA OFENSIVA PLANIFICADA
"Esto es una ofensiva con toda la pinta de ser planificada, aunque no estoy en condiciones de aportar las pruebas que lo demuestren. Parece que tiene una orientación muy clara, se usa un artículo del Código Penal que nunca se había usado en democracia para agravar las peticiones", indicó Toxo.
Asimismo, Toxo ha denunciado que hay "una doble vara de medir que tiene como objetivo impedir el derecho normal a la huelga en España". Así, ha recordado que no hay "ni sanciones económicas, ni propuestas de sanciones penales para los empresarios que vulneran constantemente el derecho al trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores".
Además, ha resaltado la necesidad de establecer un diálogo con el Ministerio de Justicia, "porque hay que impedir que las personas injustamente condenadas por participar en procesos de huelga puedan entrar en prisión los próximos días. Así, ha recordado que las peticiones de la Fiscalía suman 120 años de cárcel y que hay sentencias en firme por 12 años de prisión.
MOVILIZACIONES EN JULIO
Asimismo, los líderes sindicales han anunciado la convocatoria de un acto central el 9 de julio en la madrileña Plaza de Callao para "denunciar la situación actual" y reivindicar el derecho a la huelga, aunque se celebrarán actos en casi todas las capitales de España.
Además, han señalado que esta movilización contará con la presencia del secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y algunos de los sindicalistas que están siendo objetos de procedimientos sancionadores penales o administrativos.
