UGT-A pide un cambio "radical" en la política del Gobierno y CCOO-A alerta de una "merma de derechos básicos"

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-A ha exigido "ya" un cambio de rumbo "radical" en la política económica del Gobierno tras conocer los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras que CCOO-A advierte de que la subida "moderada" de los precios es un "espejismo" y alerta de una "merma en derechos básicos como sanidad y educación".

En una nota, el secretario de Análisis Económico de UGT-A, Roberto Marín, ha declarado, tras conocer los últimos datos del IPC, que "es necesario continuar reduciendo los tipos de interés para así facilitar el acceso a la financiación necesaria para invertir y lograr generar empleo".

En lo que a la confianza en la economía española se refiere, la prima de riesgo estatal ha cerrado el mes de febrero en 365 puntos básicos, 15 puntos por encima de los 350 que se registraran a finales de enero. "Los problemas de credibilidad de la economía española continúan marcando las decisiones de los inversores internacionales", afirma el responsable regional.

"Una vez más, los últimos datos oficiales confirman el desplome del poder adquisitivo de los salarios. Se registra así la mayor caída en los doce años que lleva elaborándose este indicador. La eliminación de la paga extra de navidad a los empleados públicos ha contribuido, en gran parte, a continuar incrementando este ya pronunciado descenso de los salarios", ha manifestado Roberto Marín.

Para el secretario de Análisis Económico de UGT-A, "un mes más, la situación del mercado laboral en España, y especialmente en Andalucía, continúa siendo inasumible, por lo que movilizaciones como las del 28 de febrero o las del 10 de marzo ponen de manifiesto el profundo rechazo de la ciudadanía general a las políticas de recortes emprendidas por el Gobierno del Estado".

Por ello, UGT-A ha exigido "ya" un "cambio de rumbo radical" en la política económica del Gobierno y la "inminente" puesta en marcha de actuaciones que "faciliten el desarrollo económico y la generación inmediata de puestos de trabajo".

Por su parte, la secretaria de Comunicación de CCOO-A, Trinidad Villanueva, ha alertado de que la "moderación" de los precios en el mes de febrero, es un "espejismo motivado aún por el efecto de las rebajas, ya que si nos fijamos en la tasa internanual saltan las alarmas con subidas del 15,5 por ciento en medicina o del 9,8 por ciento en la enseñanza".

Para Villanueva esos datos "son un reflejo de las políticas de recorte del Gobierno, que merman derechos básicos y esenciales para la ciudadanía".

Por otra parte ha instado a los empresarios a desbloquear la negociación colectiva, porque su "cerrazón" no hace sino "dificultar aún más las ya escasas posibilidades económicas de muchas familias que no pueden llegar a fin de mes".

En opinión de la dirigente sindical el hecho de que el IPC haya sufrido un aumento moderado en febrero es algo "coyuntural como ocurrió el mes anterior debido a la campaña de rebajas agresivas que están llevando a cabo los comercios ante la falta de ventas"

En cambio, Villanueva ha hecho hincapié en la tasa interanual, que sigue subiendo hasta situarse ya en el 2,7 por ciento y que, en el caso de Medicina y Enseñanza resulta "gravemente preocupante". "Se trata de servicios esenciales y básicos para la ciudadanía y, en lugar de ser un derecho se están convirtiendo en un privilegio porque cada vez hay menos familias que pueden permitirse pagar esos precios", ha agregado.

DESBLOQUEO DE LAS NEGOCIACIONES

Ante esa situación además de un llamamiento al Gobierno para que "deje de castigar a las personas que menos tienen y ponga en marcha políticas que reactiven el empleo de calidad y con él el consumo y la economía, ha instado a los empresarios a "tener conciencia de lo que está pasando".

"Es indispensable que se sienten a negociar y desbloqueen la negociación colectiva, que imposibilita la aplicación y negociación de las cláusulas de garantía salarial", ha aseverado la dirigente de CCOO-A, quien, en ese sentido ha recordado que en Andalucía están pendientes de negociar un total de 1.046 convenios colectivos, algo que se traduce en "el aumento del número de trabajadores que están desprotegidos porque no hay ningún convenio que les dé cobertura y, al no tener pactadas sus condiciones de trabajo están a merced del empresario".