Las medidas estatales no permiten un 51% de funcionarios a una sede académica a la que "se cortó el crecimiento en plena adolescencia"
SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha constatado la existencia de hasta 167 profesores acreditados a la espera de poder ocupar una plaza, bien sea en esta sede académica o en otra del país, lo que, teniendo en cuenta el ritmo de jubilaciones de una institución "pequeña y muy joven" --con solo 18 años, el pico máximo es el de las seis que se prevén para este mes de septiembre, y después se iría a una por año hasta 2021-- y la tasa de reposición del 50 por ciento impuesta por el Gobierno central, "se tardarían 164 años en que todos puedan tener sus legítimas perspectivas".
Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press el rector de la UPO, Vicente Guzmán, que ha calificado de "extremadamente difícil" la situación de la Olavide en lo tocante a recursos humanos, como consecuencia de haber sido la penúltima universidad pública que se creó, al contrario de las circunstancias de otras "ya muy asentadas y consolidadas".
Así, ha expuesto que cuando comenzaron a aplicarse las medidas de racionalización en el contexto socioeconómico de crisis, la UPO "era como un niño, que para crecer tiene que comer mucho. Si eres adulto el problema te impacta de otra manera, tienes problemas de nutrición pero no dejas de crecer porque ya has crecido, pero a nosotros nos ha pillado en ese proceso".
"Se nos priva del nutriente específico de las universidades jóvenes en expansión", ha insistido Guzmán, que ha subrayado que, sin tener en cuenta que sus necesidades eran diferentes a las de las grandes instituciones universitarias, "se nos ha cortado el crecimiento en plena adolescencia".
Una de las principales problemáticas al respecto es que en el momento en que las medidas del Gobierno comenzaron a imponerse la UPO estaba inmersa en una política de consolidación de personal, según lo marcado por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que establece que las plantillas universitarias deben estar compuestas como máximo por un 49 por ciento de personal laboral, y por ende un 51 por ciento de funcionarios.
UN 22% DE FUNCIONARIZACIÓN
La UPO se encontraba en la tasa del 22 por ciento de funcionarización, por lo que el recorrido hasta el 51 por ciento obligado es "grande" y "absolutamente imposible de poder cumplir". De hecho, con la última sentencia del Tribunal Supremo que anula el concurso de acceso de plazas de profesorado, se perderían 16 funcionarios más.
El rector de la Pablo de Olavide ve "demencial" una tesitura en la que "se pierden funcionarios pero no empleados públicos: no se cumple con los objetivos de Europa, se imposibilita cumplir la LOU en cuanto al número de funcionarios, y los pocos que se consiguen hacer nos los quitan", ello al margen de que se coarten las expectativas de promoción o de crecimiento legítimas del personal docente e investigador.
Si la tasa de reposición fuese del 100 por ciento, "lo más que se podría hacer es igualar lo que se pierde, pero no aumentar", ha resumido Guzmán, que lamenta que se esté "forzando" a la universidad, "que tiene voluntad y capacidad de cumplir la ley", a incumplir la normativa.
"Es dramático, tenemos gente que está trabajando muchísimo, se está matando para poderse acreditar y no tienen perspectivas reales de poder cerrar esa acreditación", ha criticado el rector, recordando asimismo que el compromiso de una universidad debe ser con la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado: "si somos capaces de cumplir con ello, déjennos manejar los recursos humanos como entendamos más oportuno para conseguir nuestro objetivo".
Por último, ha señalado que, en aras de la responsabilidad, la UPO no se saltará sus límites de absorción de plazas de ayudante doctor, que tiene establecidos en ocho por año.
