SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha señalado este martes la "desaparición" de la enmienda de adición promovida por el PP en las Cortes Generales y cuyo contenido afectaba a la aplicación del superávit cosechado en 2012 por las administraciones, al reducir a 14 los supuestos identificados como "inversión financieramente sostenible".
En su última sesión de 2013, recordémoslo, el pleno de la Diputación provincial revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.
El nuevo acuerdo, en paralelo, implica una adhesión a la disposición recientemente incorporada a la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.
Este mismo lunes, Fernando Rodríguez Villalobos advertía de que el Grupo popular del Congreso de los Diputados promovía una enmienda de adición con relación a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para ceñir la calificación de "inversión financieramente sostenible" a 14 supuestos concretos del total de 89 supuestos que recoge la orden que regula la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
LA ENMIENDA DEL PP
La enmienda de adición del PP, recogida por Europa Press, proponía una serie de "requisitos" para que una inversión fuese considerada como "financieramente sostenible", como por ejemplo "una vida útil" nunca inferior a cinco años, que generase "un aumento de ingresos en ejercicios futuros" o que se ajustase "exclusivamente" a 14 supuestos concretos de la orden que regula la estructura de los presupuestos de las entidades locales. En ese sentido, Rodríguez Villalobos avisaba de que la aplicación del superávit de 2012 podría "perder todo el gas" al quedar inicialmente excluidos de los supuestos aspectos como las "políticas sociales".
Ya este martes, el presidente de la Diputación señala en un comunicado que "la enmienda del PP que acotaba las inversiones financieramente sostenibles ha desaparecido de entre las que se debatirán en la próxima ponencia de la Ley de Consumidores y Usuarios en el plenario del Congreso", rememorando que él mismo había criticado que el PP pretendía incidir sobre un asunto que atañe a la Administración local a través de "otros ámbitos que nada tienen que ver con la cuestión".
Las "advertencias" del letrado de la Comisión de Sanidad acerca de la inadecuación de la presentación de la enmienda en el marco del proyecto de Ley de Consumidores y Usuarios, según Villalobos, "han sido el verdadero motivo por el que el grupo Popular se ha visto obligado a retirar esta enmienda, junto con otra decena de ellas, porque no es ni el foro ni son las formas para abordar un asunto de tanto calado y trascendencia para las administraciones locales", según el presidente de la entidad provincial sevillana".
VUELTA ATRÁS
"Ahora se da el escenario idóneo para que, en sede parlamentaria, se llegue al mismo sentimiento de unanimidad que el pasado viernes llegamos en el salón de plenos de la Diputación, para encontrar la mejor de las maneras a la hora de aplicar el superávit desde nuestros Ayuntamientos", dice Villalobos, quien invita al resto de formaciones políticas, incluido el PP, "a trasladar a sus compañeros en el Congreso la necesidad de que, en materia de aplicación del superávit, hace falta un consenso que nos lleve a destinar esos recursos a aquello que más falta hace en nuestros pueblos, empleo para todos aquellos que más están padeciendo la crisis".
"Estamos en el mismo punto de partida que antes de que el grupo Popular intentase la enmienda, pero diez días después, que han corrido en nuestra contra", ha sentenciado Villalobos reclamando la ampliación de los supuestos de inversión y, además, que se "permita la aplicación de esos recursos mediante transferencias a los ayuntamientos".
