SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Finalmente ha sido resuelto mediante acuerdo de conformidad entre las partes el juicio fijado para este martes por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, contra el que fuera consejero delegado del Real Betis Balompie Luis Oliver, los expresidentes de la entidad José León y Jaime Rodríguez-Sacristán y cuatro personas más, por seis presuntos delitos de apropiación indebida, algunos de ellos en concurso con falsedad de documento mercantil, respecto a cinco operaciones acometidas durante 2010 con cargo a las cuentas del club.
En el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detallaba que cuando en 2010 el Real Betis Balompie decidió el traspaso de su jugador Mehmet Aurelio, el agente del mismo negoció con un equipo turco de fútbol y "logró el traspaso en condiciones que aceptó" el club sevillano.
Empero, Oliver, "en connivencia" con José León, "hizo aparecer como intermediaria de la operación" a Bastogne Corporación, cuyo administrador, José María Gálvez Sebastián, estaba "de acuerdo" con José Ángel Mayayo para que actuase "como administrador de hecho" de la citada sociedad a cambio de dinero. Tras ello, Bastogne Corporación cargó al Betis 345.000 euros en concepto de "mediación".
En cuanto al traspaso del jugador Sergio García al Español de Barcelona, expone la Fiscalía que aunque la operación apenas tuvo una "leve intervención" de Plácido Nicanor Robla a través de la entidad Sport Transfer S.L., "Oliver, con la connivencia de José León, que sabía la prácticamente inexistencia de mediación, para obtener un beneficio económico se puso de acuerdo" con Plácido Nicanor Robla y Sport Transfer S.L. cargó al Betis 590.000 euros por una "intervención" en la operación, transfiriendo a Bastogne Corporación 489.000 euros "de lo cobrado".
De las dos operaciones descritas, según la Fiscalía, María Gálvez Sebastián "hizo suyos" 110.000 euros y Bastogne Corporación "realizó pagos de obligaciones personales" de Luis Oliver, una de ellas por más de 100.000 euros y otra por más de 95.000 euros, entre los pagos mencionados por el Ministerio Público.
LAS "INSTRUCCIONES" DE OLIVER
Además, según la Fiscalía, José León, siguiendo "instrucciones" de Oliver y "en connivencia" con la también acusada Isabel Escrig, administradora de Orión Consultoría y Gestión, suscribió con tal entidad un contrato por importe de 41.300 euros mensuales, cobrando dicha entidad del Betis 146.200 euros hasta diciembre de 2010, "sin que los servicios prestados justificasen tan alta remuneración". Todo ello, "a sabiendas de la falta de la prestación de servicios", según la Fiscalía.
En la cuarta operación, según la Fiscalía, Oliver, como administrador de Bitton Sport, para "conocer el estado financiero del Betis" al haber comprado el paquete mayoritario de acciones, encargó una auditoría a una empresa y "para ahorrarse el pago" que correspondía a Bitton Sport, "consiguió" que José León "asumiera el pago" de 35.000 euros con cargo al Betis.
CONTRATACIÓN SIN "FUNCIÓN ALGUNA"
Finalmente, según la Fiscalía, Oliver, "con ánimo de conseguir beneficios y como administrador de hecho del Betis, consiguió que Jaime Rodríguez como presidente firmase un contrato de mantenimiento de instalaciones del club" con una empresa que él "controlaba mediante testaferros, a sabiendas de que no iba a realizar función alguna", abonando el Betis 27.614 euros a dicha entidad, "suma de la que se aprovechó Oliver".
Por ello, la Fiscalía solicitaba para Oliver cinco años de cárcel y una multa de diez meses a razón de 20 euros al día; para José León cuatro años de cárcel y la misma multa; para José María Gálvez y Ángel Mayayo dos años de cárcel para cada uno de ellos y sendas multas; para Plácido Nicanor Robla un año y seis meses de cárcel más una multa; para Isabel Escrig un año de cárcel y una multa y para Jaime Rodríguez-Sacristán nueve meses de prisión.
Pues bien, al comenzar la sesión, el magistrado presidente del tribunal, después de justificar una demora de 40 minutos en el inicio de la vista bromeando con que el caso llevaba "diez años" en espera de resolución, ha anunciado la decisión del Real Betis Balompié de renunciar a ejerces acciones penales o civiles, siendo así excluidas de la causa las entidades susceptibles de ser declaradas responsables civiles subsidiarios de los hechos enjuiciados o los supuestos partícipes a título lucrativo.
ACUERDO ENTRE LAS PARTES
Después, el presidente del tribunal ha anunciado un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de los acusados, detallando el representante del Ministerio Fiscal la modificación de su petición de penas e incorporando como atenuantes las dilaciones indebidas y la reparación del daño. La acusación particular, ejercida por la asociación Béticos por el Villamarín, se ha adherido a dicha modificación del escrito de la Fiscalía.
Fruto de dicho acuerdo, los siete acusados han reconocido los seis delitos de apropiación indebida que se les achacaban, individualizados cada uno de ellos y algunos en concurso medial con delitos de falsedad en documento mercantil, aceptando Luis Oliver y José León sendas condenas de diez meses y 16 días de cárcel más una multa de 225 euros para cada uno de ellos, mientras Jaime Rodríguez-Sacristán ha sido condenado a un mes y 15 días de prisión, "automáticamente" transformados en una multa de 270 euros.
Los restantes acusados, José María Gálvez Sebastián, José Ángel Mayayo, Plácido Nicanor Robla e Isabel Escrig, han aceptado penas de tres meses y 15 días de cárcel y multas de 135 euros.
Finalmente, y conforme al Código Penal, ha sido acordado suspender todas las penas de cárcel impuestas a los condenados a condición de que los mismos no vuelvan a delinquir en un periodo de dos años.
