TORREMOLINOS (MÁLAGA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha considerado que la multa de un millón de euros con la que la Junta de Andalucía sancionó al Consistorio por infracciones en chiringuitos no tiene validez ya que, ha dicho, no consta respuesta del Gobierno andaluz al recurso presentado por el municipio ante la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El pasado viernes la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, confirmó la interposición de la sanción, con fecha de marzo de 2014. Ahora, el Ayuntamiento, en un comunicado, sostiene que las 20 sanciones impuestas por valor de 1.101.997 euros fueron recurridas en alzada ante el viceconsejero, solicitando la suspensión de la misma con fecha 4 de abril de 2014.
"Al no haberse recibido respuesta, este Ayuntamiento considera suspendido definitivamente dicho acto al amparo de lo previsto en la Ley", han indicado, y han criticado que las inspecciones y mediciones efectuadas por el Gobierno andaluz entre febrero y marzo del pasado año "fueron hechas con nocturnidad y alevosía".
Así, desde el Ayuntamiento han criticado que en esos momentos no había presencia de los adjudicatarios de las instalaciones ni representación municipal. "La Junta de Andalucía ni siquiera se dignó a cumplir con el preceptivo y obligado requisito para no crear indefensión, como es entregar copias de las actas, que lógicamente hubieran sido impugnadas de inmediato, pues en los supuestos aumentos de volumen de los restaurantes y chiringuitos se incluían jardines o zonas con césped", han apostillado.
De acuerdo con la nueva Ley de Costas (artículo 92-párrafo 1º) entrada en vigor el 31-5-2013, el plazo de prescripción para las faltas graves es de dos años. Por tanto, las obras denunciadas "habrían sobradamente prescrito y en todo caso no podrían haber sido atribuidas al Ayuntamiento, y mucho menos sancionarlo por algo que evidentemente no ha hecho".
En este punto, ha recordado que las labores de inspección en primer lugar correspondían al Ministerio de Medio Ambiente y, en segundo lugar, a la Junta de Andalucía, "que para eso ambos también tienen sus inspectores de playa".
El Consistorio ha acusado al ya exdelegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, de firmar las sanciones "sin tener potestad para ello, puesto que no tiene competencia para sancionar globalmente por importe superior a 500.000 euros, ni individualmente por importe superior a los 60.000 euros como se atrevió a hacer con ocho expedientes".
Además, han añadido que firmó "a sabiendas de tener un informe jurídico que le indicaba que tenía que elevar las sanciones al director general". Por ello, según el comunicado del Ayuntamiento "estamos ante una clara prevaricación, de la que el señor Carnero tendrá que dar debida cuenta".
El Ayuntamiento ha indicado que no tiene deuda alguna con la Junta de Andalucía, "sino todo lo contrario". "En estos momentos debe al Consistorio 704.910 euros por tasas urbanísticas; 223.962 euros por IBI y 157.781 euros a la empresa municipal Pinares de Torremolinos. En total 1.086.653 euros".
