Foto: EUROPA PRESS
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ZARAGOZA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los consejeros del Gobierno de Aragón y otros altos cargos de la Administración autonómica declararán su patrimonio no solo al iniciar su mandato, sino también cuando lo dejen, según recoge el proyecto de reforma de la Ley del Presidente, que también prevé la prohibición de trabajar en los sectores en los que hayan influido hasta dos años después de dejar el cargo para evitar "las famosas puertas giratorias".
En el caso de que el órgano fiscalizador que se creará detecte un "desnivel", un crecimiento del patrimonio que no se justifique, el Ejecutivo lo comunicará a la Agencia Tributaria e, incluso, acudirá a los tribunales. En todos los casos se publicará un dictamen, positivo o negativo, en Internet.
Se trata, en definitiva, de aumentar las exigencias en su responsabilidad a los miembros del Gobierno y altos cargos y poner el acento en los sistemas de control y garantías de quienes ejercen cargos públicos en el ámbito público del poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma regulando los principios, garantías, procedimientos y sanciones que procuren la primacía del interés general.
Con esta ley, el Código de Buen Gobierno que aprobó el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi en 2011 tendrá rango de ley. Este Código obliga a hacer un uso adecuado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias, que solo y exclusivamente podrán destinarse a este fin, en el desempeño de las funciones de miembro de Gobierno o alto cargo y con la debida justificación.
Los altos cargos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio que vayan más allá de los usos de cortesía, se limitará el uso de coches oficiales, no dispondrán de tarjetas de crédito como medio de pago y se acotará el cobro por la asistencia a consejos u órganos de representación.
El consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado --en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno--, sobre la aprobación de los proyectos de ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, y los nuevos proyectos legislativos de Transparencia y Buen Gobierno y de Subvenciones.
Estas tres leyes, que se remitirán a las Cortes para su tramitación parlamentaria, "son muy demandadas" y pretenden "abrir" la Administración al ciudadano "para que este se pueda crear su propia opinión acerca de la gestión del Gobierno de Aragón, las instituciones, las funciones y empresas públicas". El objetivo es que los ciudadanos reciban "cuanta más información mejor" y siempre con "veracidad, rigor y objetividad".
TRANSPARENCIA
Respecto al proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Bermúdez de Castro ha indicado que en su elaboración han participado sindicatos, asociaciones, partidos y también 90 ciudadanos, realizándose en total 450 aportaciones, algunas de las cuales han servido para modificar algunos artículos del anteproyecto, que se aprobó hace tres meses. Es el caso de la obligación de publicar los avales a entidades privadas, lo que el borrador inicial no contemplaba.
Ha recordado que afecta a las sociedades mercantiles con una participación pública de al menos el 30 por cien, lo que incluye al holding de la nieve Aramón. También concierne a instituciones como el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas, así como las Cortes.
Se publicarán en Internet las retribuciones de los altos cargos y el personal de confianza, los convenios colectivos del sector público, y el importe de las campañas de publicidad.
A petición de varias ONG y voluntarios, aparecerán los datos profesionales de los componentes de las estructuras organizativas solamente cuando se trate de cargos retribuidos. La obligación de publicar las listas de espera aparecerá de forma expresa y, a petición de UGT, cuando un ciudadano solicite información recibirá un justificante de dicha solicitud.
En cuanto al Consejo de Transparencia se ha modificado su composición para que en vez de dos diputados de las Cortes sean miembros dos representantes nombrados por los diputados de las Cortes de Aragón. De esta forma se dará cabida a expertos o representantes de entidades ciudadanas. Además, se incluye un representante de la Cámara de Cuentas.
La edad a partir de la cual se puede solicitar información se rebaja de los 16 a los 14 a petición del Justicia de Aragón. Y como pidió la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Aragón, hay una mención expresa a que la Participación Ciudadana fomente y fortalece el tejido asociativo en Aragón, como expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos.
Con esta ley, el Ejecutivo autonómico promueve un modelo de Gobierno Abierto, porque a partir de ahora se genera una nueva relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, una relación que fortalece la democracia representativa.
SUBVENCIONES
Bermúdez de Castro ha informado también sobre la nueva Ley de Subvenciones, cuyo objetivo es mejorar la eficacia de la Administración y la transparencia. "Era uno de los compromisos" del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, ha apuntado.
Incorpora novedades como la obligación de que las entidades locales se sometan a la fiscalización de la Cámara de Cuentas para poder recibir subvenciones. Asimismo, el límite general será el 80 por ciento del coste de la actividad a desarrollar y se exigirá que los beneficiarios estén al corriente de sus obligaciones con la Administración.
Cada Departamento deberá elaborar un plan estratégico de subvenciones y se detallará por qué se conceden. El Consejo de Gobierno autorizará las subvenciones cuando el importe total de la partida exceda de cinco millones. Quienes hayan sido beneficiarios de subvenciones anteriores deberán justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y de la actividad objeto de la ayuda.
La Ley establece un mayor control en la concesión de las subvenciones directas al ahondar en la necesidad de motivar de forma suficiente y detallada, por parte del órgano concedente, las razones que le llevan a separarse del procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.
De las subvenciones directas, y también de las nominativas se pasarán reportes semestrales, que el Departamento de Hacienda y Administración Pública trasladará a las Cortes.
Por último, se establece un listado de causas de invalidez de la resolución y de causas de reintegro, en similares términos a los recogidos en la normativa estatal. Como novedad, se introduce la posibilidad de que el reintegro de la subvención sea parcial, en función de criterios de gradación de los posibles incumplimientos, y en base al principio de proporcionalidad.
