ARADE advierte de que el borrador para regular la acción social concertada discrimina a las empresas privadas

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

ARADE, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, ha presentado alegaciones al borrador de la orden del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales al considerar que "nuevamente" se "discrimina" a las empresas del sector.

En una nota de prensa, ARADE --que agrupa a numerosas empresas del sector de las residencias de mayores-- ha advertido de que la mayoría de las compañías que operan en Aragón son pymes y ha lamentado esta propuesta de regulación "teniendo en cuenta el momento especialmente dramático que atraviesa el sector debido a la pandemia del coronavirus y la incertidumbre futura".

ARADE ha explicado que el proyecto de orden salió a información pública el pasado 20 de octubre y el texto "vuelve a excluir a las sociedades mercantiles de la contratación para otorgar un mayor protagonismo en la prestación de servicios a las entidades del Tercer Sector".

Desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia han esgrimido que la Administración "no puede, ni debe, excluir ni discriminar a las entidades privadas por el mero hecho de que tenga ánimo de lucro ya que éstas son un actor esencial de los servicios sociales y prestan servicios de calidad".

Además, sin ellas, la Administración "no podría ofrecer todos los servicios a los ciudadanos que los necesitan" y también son "agentes esenciales en la vertebración del territorio" en una comunidad autónoma como Aragón, ha añadido la entidad.

PARALIZADA POR EL TSJA

ARADE ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) paralizó el pasado verano la Orden CDS/2042/2017 que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en la comunidad autónoma.

Por eso, "nos parece inconcebible que, si el propio TSJA declaró no ser conforme a derecho la orden recurrida y la anuló, se vuelva a plantear en los mismos términos discriminatorios, máxime si tenemos en cuenta la grave situación a la que se ven abocadas nuestras empresas por la actual crisis sanitaria y económica", ha expuesto la gerente de ARADE, Paquita Morata.

Ha añadido: "En ARADE llevamos años luchando por que se reconozca la valía de nuestras empresas y no se admita que sean claramente discriminadas simplemente por su forma jurídica".

La asociación ha subrayado, por otra parte, que este proyecto de normativa "no entronca" con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, "que contempla a la totalidad de los actores de los servicios sociales, sobre todo cuando se habla de garantizar la financiación necesaria para dar respuesta a la demanda de plazas residenciales".

Por todo esto, ARADE solicita en sus alegaciones que el Gobierno de Aragón revise dicho borrador y que si es necesaria una tercera vía de contratación --directa, indirecta y concierto social--, esta última se haga extensiva a todas las entidades que dan servicio en la comunidad autónoma.