ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón modifica la Ley de Transportes Urbanos para reforzar la inspección y "endurecer" las sanciones a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que presten servicios urbanos sin la licencia municipal exigida, al mismo tiempo que suspende de forma temporal la concesión de nuevas autorizaciones durante dos años o hasta que entre en vigor la nueva ley que regulará este sector y que se encuentra en tramitación.
El decreto ley publicado este jueves, 19 de noviembre, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) fija multas de entre 5.001 y 6.000 euros para los operadores que realicen trayectos urbanos sin disponer de la preceptiva licencia municipal. En caso de reincidencia, la pena pecuniaria podrá alcanzar los 18.000 euros si el responsable ya ha sido sancionado en firme en vía administrativa por otra infracción muy grave en los 12 meses anteriores.
Además, de acuerdo a este cambio normativo, los agentes encargados de vigilar el transporte deberán inmovilizar de inmediato el vehículo cuando constaten indicios suficientes de que está prestando un servicio urbano sin licencia municipal.
La medida cautelar podrá adoptarse antes de la apertura formal del expediente sancionador, ha precisado en rueda de prensa este jueves el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en la que ha estado acompañado por el director general de Transportes, David Sánchez.
Las condiciones para levantarla incluyen acreditar una licencia municipal vigente o, antes de que se dicte la resolución sancionadora, depositar o garantizar 6.000 euros y acreditar que el vehículo abandonará el municipio o la zona de prestación conjunta sin recoger pasajeros ni aceptar nuevos servicios urbanos.
ITINERARIO
La reforma legislativa precisa que el carácter urbano del servicio viene determinado por el itinerario. Si el trayecto discurre íntegramente dentro de un municipio o de una zona de prestación conjunta, se exige licencia municipal, también cuando el viaje se contrata previamente a través de una aplicación.
La infracción se considera consumada desde que comienza el trayecto, aunque el servicio se interrumpa o los pasajeros se apeen antes de que se formalice la intervención.
En este aspecto, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial ha comentado que se producen servicios urbanos realizados por vehículos que carecen de licencia municipal "y es algo que no podemos permitir". Ha especificado que en la ciudad de Zaragoza, "hablamos de entre 30 y 60 vehículos que actúan de manera ilegal, una media de 50 al día, más de 200 servicios".
Ha remarcado López que no se trata de "fiscalizar el ejercicio libre de una profesión y o vamos a ver la rentabilidad del decreto ley en función de las inmovilizaciones o sanciones que se hayan podido aplicar, al contrario, queremos que tenga un efecto disuasorio, que se ejerza la actividad libremente de acuerdo con la legalidad y respetando los derechos de la otra parte".
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE NUEVAS AUTORIZACIONES
Por otro lado, el decreto ley suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones interurbanas de VTC en Aragón durante un máximo de dos años o hasta que entre en vigor la nueva ley autonómica para regular este sector, actualmente en elaboración. La paralización alcanzará tanto a las nuevas solicitudes como a las que sigan en tramitación o pendientes de resolución de un recurso.
En la actualidad, hay 59 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza de las 384 que tienen la autorización interurbana, pero "más de la mitad de los VTC que operan en Zaragoza no tienen la licencia municipal", ha apuntado el director general de Transportes, David Sánchez.
En Aragón, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, hay 232 nuevas autorizaciones que, unidas a las 192 ya existentes, suman 424; desde el 1 de enero hasta hoy, son 114 las autorizaciones expresas concedidas, un 75% en la ciudad de Zaragoza, es decir, "se está yendo a un buen ritmo y no se está cercenando la oportunidad", pero "se observa un conflicto de intereses contrapuestos en los que la Administración tiene que marcar las reglas del juego", ha comentado el responsable de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial.
De modo que "endurecemos las sanciones económicas, reforzamos la capacidad de actuación inmediata de los agentes encargados de la vigilancia del transporte y establecemos una suspensión temporal del otorgamiento de nuevas autorizaciones interurbanas de VTC", ha resumido Octavio López.
Sobre esta medida, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial ha indicado que el propósito es "disponer de un marco normativo claro, estable y equilibrado que permita ordenar adecuadamente la actividad de todos los operadores, y hacerlo con seguridad jurídica, proporcionalidad y respeto a los derechos de todos".
"Queremos garantizar que todos los operadores del transporte público de viajeros cumplan las reglas y que quienes las incumplan tengan que asumir las consecuencias", ha expresado López, que ha defendido "la libertad de empresa y competencia" para "mejorar los servicios, ampliar las posibilidades de elección de los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico".
En este sentido, ha defendido lo que ha considerado una "condición irrenunciable" para el Gobierno de Aragón: "Competir dentro de la legalidad". En la comunidad autónoma, ha continuado, "hay sitio para todos los operadores que quieran trabajar legalmente, pero no puede haber sitio para quienes pretendan hacer de la infracción de las normas una ventaja competitiva".
Tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial de Aragón entrará en vigor el 20 de noviembre y deberá ser convalidado por las Cortes de Aragón en el plazo de un mes. "Confiamos que los grupos parlamentarios comprendan la necesidad de las medidas y respalden una reforma que busca proteger la legalidad, garantizar la igualdad de condiciones y mejorar el funcionamiento del transporte público en nuestra comunidad", ha concluido López.