Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo
ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Aragón ha autorizado a sus servicios jurídicos a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula la concesión de ayudas por 180 millones de euros a las comunidades autónomas que aplican la ley estatal de vivienda en relación a las zonas tensionadas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha considerado que "en lugar de subvenciones directas tendría que haber una serie de condiciones o requisitos más objetivos, no la concesión directa condicionada a la aceptación de declarar las zonas tensionadas".
El Decreto "discrimina a las comunidades autónomas que optan por sus propias políticas", ha dicho Vaquero, insistiendo en que se podría aplicar "otro tipo de criterios".
Vaquero ha apuntado que "llama muy especialmente la atención que Cataluña se lleve 120 millones de los 180, dos tercios", mientras que 31 millones van destinados al País Vasco, 13,3 a Navarra, 10,2 a Galicia y casi 6 millones a Asturias.
Ha indicado que los criterios recogidos en el Decreto "penalizan" el ejercicio de las competencias del Gobierno de Aragón en materia de vivienda porque "el Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en que las comunidades autónomas declaremos esas zonas tensionadas y ante la negativa lo que hace es penalizar".
Los argumentos en que se basa el recurso del Gobierno de Aragón son "la vulneración del principio de igualdad, la invasión de competencias autonómicas y que no existe una justificación suficiente para conceder esas ayudas, simplemente por el criterio de adherirse o no a la declaración" de zonas tensionadas.
"No puede ser que se nos deje fuera de estas ayudas" por optar por un modelo de política de vivienda "que en Aragón está resultando efectiva y que es una referencia a nivel nacional", ha considerado Mar Vaquero, asegurando que "no es necesario" declarar zonas tensionadas en Aragón.
A su juicio, el Decreto "no ha tenido en cuenta las peculiaridades y singularidades" de la Comunidad Autónoma. Ha considerado que los criterios a aplicar para la concesión de estas ayudas son "las necesidades habitacionales, la evolución de los precios, la insuficiencia de oferta y el esfuerzo económico que están haciendo los hogares".
"Lo que queremos es que se apliquen criterios objetivos y, en función de esos baremos, que se pueda determinar qué cantidades de esas ayudas pueden corresponder a cada una de las comunidades autónomas".
ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO
El Gobierno de Aragón considera que el decreto establece un reparto discriminatorio de los fondos estatales, al reservarlos exclusivamente a Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, dejando fuera al resto de comunidades autónomas con necesidades reales de vivienda.
El recurso apunta que esta exclusión vulnera los artículos 14 y 149.1.1 de la Constitución, al condicionar el acceso a los recursos públicos a una decisión regulatoria que corresponde adoptar libremente a cada comunidad autónoma, y recuerda que Aragón desarrolla desde 2024 el Plan Aragón Más Vivienda, basado en incrementar la oferta residencial mediante fórmulas de colaboración público-privada, sin necesidad de declarar zonas tensionadas.Falta de justificación suficiente.
El segundo argumento cuestiona que el Gobierno central recurra a la concesión directa de subvenciones sin acreditar las circunstancias excepcionales exigidas por la Ley General de Subvenciones.
El Gobierno de Aragón sostiene que podrían haberse establecido convocatorias públicas con criterios objetivos relacionados con las necesidades habitacionales, la evolución de los precios, la insuficiencia de oferta o el esfuerzo económico de los hogares.
Finalmente, se considera que el decreto invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de vivienda, al condicionar la financiación estatal a la declaración de zonas tensionadas. El acuerdo recuerda que el Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter potestativo de esta declaración y que las comunidades que decidan no aplicarla no incumplen la Ley de Vivienda.
El Gobierno aragonés defiende que el Estado puede financiar políticas de vivienda, pero no imponer indirectamente decisiones que corresponden a las autonomías mediante la distribución de subvenciones.
Por todo ello, considera que el decreto penaliza injustificadamente a Aragón y compromete el principio de autonomía competencial, además de excluirlo de parte de los fondos estatales previstos para 2026 en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.