Arranz (Vox) propone cerrar los centros de menores no acompañados y revocar los convenios con las ONG

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz ha exigido este jueves a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico, Carmen Susín, que cierre los centros de acogida de menores migrantes no acompañados y revoque los convenios con las entidades y ONG "que se lucran y colaboran con el tráfico de personas, como ACCEM, APIPACAM, CEPAIM o Cruz Roja".

En rueda de prensa, el parlamentario de Vox ha reclamado, asimismo, que con el cierre de todos los centros de menores migrantes, estos "retornen a sus países de origen junto a sus familias para ser educados allí, con sus familias y sus culturas".

Mientras ello no ocurra, "pretendemos llevar estos centros a zonas alejadas de los núcleos urbanos con el fin de evitar por todos los medios la inseguridad y los deterioros de convivencia", ha continuado Arranz, quien ha pedido que los vecinos sean escuchados antes de la apertura de cualquiera de estos centros "ilegales, porque, además, siempre toca a los mismos vecinos, los de los barrios obreros y más humildes, y la gente ya está harta".

El motivo es "la falta de control total" de los menores extranjeros no acompañados que acogen, que "están cometiendo muchas veces delitos en la calle, están consumiendo alcohol y drogas, y provocando graves incidentes y graves problemas de convivencia".

GESTIÓN

Arranz ha pedido que los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados sean gestionados directamente por el Departamento y no de forma mixta con las ONG.

También ha planteado "restar autonomía a cada centro", elaborando el Gobierno un decreto para detallar "las exigencias debidas de los reglamentos de régimen interno" y exigir, en colaboración con la Fiscalía, la realización de las pruebas médico-forenses de determinación de la edad".

Igualmente, que la comunidad autónoma alcance acuerdos con terceros países para la repatriación de sus menores inmigrantes conforme faculta la Ley Orgánica de Extranjería.

"Si las comunidades autónomas no pueden negarse, en teoría, a asumir la tutela de esos menores, lo que pueden y deben hacer es supervisar y regular, algo a lo que han renunciado al haber externalizado esta cuestión en entidades y ONG pro inmigracionistas".

A su juicio, "la consejera Susín está haciendo una completa dejación de funciones a este respecto, lo que provoca problemas de convivencia, delincuencia y criminalidad en los centros e inseguridad de los propios trabajadores y demás usuarios de estos centros, entre otros problemas".

"Cuando le preguntamos por esto, nos responde que ha solicitado el Gobierno de España que considere dar acceso directo a la aplicación del sistema 'AlertCops' a los trabajadores, y esto es un poco vergonzoso: O sea, un educador a quien le estén practicando un mataleón, que sepa que puede estar seguro porque tiene una aplicación móvil para avisar, lo que antes haría cualquiera llamando a la Policía".

"Y ello después de los graves incidentes que vienen ocurriendo de violencia, agresiones a educadores, agresiones sexuales a educadoras, incendios provocados que vienen sucediendo en el reformatorio de Juslibol, en el piso tutelado de la calle Comadre de Teruel o en el Catim de Torrero".

INSEGURIDAD

David Arranz ha señalado que "muchos aragoneses están preocupados y mucho con esta cuestión de la inmigración ilegal masiva por las consecuencias que tiene en sus vidas, con la inseguridad ciudadana, el gasto de recursos públicos o la degradación de sus barrios", añadiendo: "El Gobierno de Aragón y el bipartidismo, en general, están apoyando esta llegada masiva de inmigración ilegal".

Se ha quejado de que la labor de control parlamentario de Vox a este respecto "nunca es bien recibida por la consejera, que viene mostrando en reiteradas ocasiones una actitud hostil, prepotente y de opacidad con las preguntas" que se tramitan en sesión plenaria, exigiéndole que rinda cuentas.

INCENDIO

Vox ha preguntado a la consejera por el incendio provocado en el Centro de Atención a la Infancia Migrante del distrito zaragozano de Torrero, ocurrido el pasado 20 de septiembre, y concretamente si quien provocó el fuego sigue tutelado por el Gobierno de Aragón, lamentando que Susín saliera en el Pleno "por la tangente, como es habitual, no aclarando si seguimos pagando la manutención, el alojamiento, los servicios sanitarios, de telefonía móvil, ropa, paguitas y responsabilidades civiles a quienes han incendiado y dañado unas instalaciones del Gobierno de Aragón".

"Esto nos lleva a pensar que sí, que seguimos haciéndolo y que entre todos los aragoneses seguimos concediendo lujos y privilegios a estos menas, incluidos estos que han provocado el incendio del Catim de Torrero", ha concluido.