ZARAGOZA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la defensa de la Función Pública Aragonesa ha solicitado comparecer en Comisión de las Cortes de Aragón para exponer la situación en que se encuentra el derecho de acceso a la función pública en la Administración autonómica.
En una nota de prensa, la entidad ha pedido a los grupos que lleven a cabo "una acción decidida" para que el Gobierno regional retire el recurso de casación planteado contra la sentencia del TSJA sobre la oferta de empleo público (OPE) de 2015, en la que se declaró la necesidad de ampliarla, incorporando la totalidad de los puestos vacantes ocupados por funcionarios interinos.
"Frente al silencio institucional, nos sentimos obligados a comparecer ante las Cortes de Aragón y trasladar de manera directa a los diferentes Grupos Parlamentarios todos los argumentos que, a lo largo de estos años, nos han llevado a pelear ante los Tribunales por el respeto del derecho de acceso a la función pública, frente a Gobierno de uno y otro signo".
Cuando todos los partidos políticos incluyen en sus programas medidas tendentes a la regeneración institucional, "resulta sorprendente la falta de iniciativa de unos y otros para avanzar de manera decidida en la mejora y profesionalización de la Administración Pública, impulsando de manera prioritaria la aprobación de ofertas de empleo público que garanticen el ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos".
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativa a la oferta de empleo público de 2015, es la cuarta sentencia que declara contraria a Derecho una oferta aprobada por el Gobierno de Aragón, "todas ellas por idéntico motivo, como es la no inclusión de la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exige el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Púiblico", han señalado.
"Tal situación hace inexplicable que, pese a ello, las sucesivas ofertas sigan sin atenerse a dicha exigencia legal, pero aún resulta menos justificable que el actual Gobierno de Aragón, frente a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decida plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la pretensión, al parecer, de defender la licitud de contravenir los derechos de los ciudadanos, algo que resulta totalmente censurable y contrario al sometimiento de todos los poderes públicos a los derechos fundamentales".
Esta decisión "debiera ser objeto de estricto control por el Parlamento autonómico, de manera que se instase al Gobierno de Aragón a desistir de tal iniciativa contraria a los derechos de los ciudadanos, y en su lugar admitir y dar cumplimiento al fallo judicial favorable al derecho de acceso a la función pública, favoreciendo así el restablecimiento del derecho vulnerado y la tutela judicial efectiva del mismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón", han concluido.
