ZARAGOZA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, ha advertido de que no se realizará ninguna venta o fusión "que suponga un daño económico" para la corporación empresarial pública aragonesa, dentro de su proceso de reestructuración, en el que está previsto reducir la participación del Ejecutivo aragonés de 103 empresas a unas cuarenta.
El consejero ha respondido así a una interpelación parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por el diputado de CHA, José Luis Soro, sobre el sector público empresarial aragonés. Bono ha apuntado que "no se van a hacer ventas por debajo de un precio razonable" y por eso no se ha vendido la participación en algunas empresas eólicas, y también "se ha echado marcha atrás" la fusión de Aritel y Suma Teruel porque "es dañino para la corporación".
El responsable de Economía y Empleo en Aragón ha precisado que "se podría denunciar a la corporación por hacer una venta" a un bajo precio. Respecto a las eólicas, ha comentado que en el caso de algunas "el comprador se ha puesto a tiro y se ha vendido", pero no en todas.
Sobre las integraciones, ha precisado que la de la Gestora turística de San Juan de la Peña en Turismo de Aragón, al ser la primera entidad unipersonal "el proceso es bastante rápido", mientras que en el caso de Aeronaútica de los Pirineos (APIRSA), al tener otros socios minoritarios el proceso es diferente "y puede tardar un poco más de tiempo".
Respecto a la fusión entre Sodemasa (Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón) y Sirasa (Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa), ha indicado que el próximo martes se celebran sendos consejos de administración "para aprobar la fusión", momento en el que "se dará por cerrada" y ha reconocido que su unión es "una de las partes más complicadas de la corporación por su dimensión".
Ha agregado que cuando esté el nuevo consejo, "se nombrará al director gerente, que hará un análisis de todos los recursos de la sociedad, lo comentará con el comité de empresa de la nueva sociedad y se producirá un proceso como en cualquier empresa privada y eso será transparente".
EN EL PLAZO DEBIDO
El consejero ha subrayado que la decisión política de realizar la reestructuración "se ha cumplido perfectamente" y "otra cuestión es el tiempo que lleva jurídicamente o económicamente la puesta en marcha de eso", teniendo en cuenta las normas mercantiles, si bien "estará en el plazo debido".
Por otra parte, se ha referido al plan estratégico del grupo, más importante a su juicio que el número en que disminuyen las empresas, para dar "más eficiencia a la corporación" y ha manifestado su intención de que haya un director general, director financiero y director comercial para cada uno de los cuatro grupos en que se unen todas las empresas, el financiero, el turístico, el inmobiliario y el general, ha dicho.
"Eso ya está elaborado y algunas ya tiene conjuntamente un solo director general y director financiero", ha apuntado. Asimismo, ha mencionado el control económico y financiero para que "cada empresa alcance el equilibrio económico y financiero y dependa lo menos posible de las transferencias de la corporación, o sea, del Gobierno".
Con esta finalidad, "estamos elaborando objetivos para dos o tres años para que cada empresa alcance el equilibrio" y "hay un departamento encargado del control permanente del balance de cuentas y resultados de cada empresa".
Sobre los recursos humanos ha precisado que lo que ocurra estará "en función del plan estratégico y de cómo quede la remodelación y de cómo sea la gestión de cada grupo, igual que los sueldos", que dependerán "del análisis de cuáles son los niveles de responsabilidad de cada sociedad y del riesgo de cada una de ellas", y se graduará "con responsabilidad", ha dicho, para apostillar que "estamos hablando de empresas públicas, pero empresas".
NO ES UNA PRIORIDAD
El diputado de CHA, José Luis Soro, ha opinado que el balance del proceso de restructuración, "con los datos en la mano, es muy poco positivo y se ve que no se han tomado las cosas en serio y no es una prioridad", aunque "lo debería ser, sobre todo cuando públicamente se dice que se va a llevar a cabo un proceso importante".
Según ha comentado, se han realizado desinversión en nueve empresas, pero "en otras siete sociedades reconocen que no han hecho ninguna gestión", de cinco fusiones "una está en curso, de reversiones cero y liquidaciones en tres", de forma que si bien "se prima la decisión política y el plazo no es el debido".
El diputado ha indicado que han pedido al Gobierno solicitudes de información para conocer cuál es el precio de venta o la valoración de las acciones o participaciones sociales en cada una de las empresas "para saber el precio razonable" y que "no se hagan ventas por debajo del valor".
Soro ha coincidido con el consejero en que lo importante, en el conjunto de la corporación, es "tener un plan estratégico" y que "la guía sea la eficiencia y nos parece correcto que haya una sola dirección general para las sociedades de un mismo grupo y una sola dirección financiera".
"Sabemos que para el grupo inmobiliario habrá un solo director general" y ha querido conocer si ocurrirá igual en los otros tres, en los que "se ha avanzado menos en la reestructuración interna" y también ha preguntado por si se ha avanzado en la auditoría interna que la oposición solicitó de cada una de las empresas de la corporación.
El diputado de CHA se ha interesado, igualmente, por las implicaciones laborales de la fusión de Sirasa y Sodemasa y ha manifestado que "nos preocupa profundamente la política de recursos humanos, que se destruya empleo" y "el cambio de las condiciones laborales".
En este sentido, ha valorado que "no nos gustan algunas cosas que hemos ido leyendo, como la previsión de que el personal de Expo Zaragoza Empresarial que se vaya a la calle" y a algunos de estos trabajadores "se les vuelva a contratar en Suelo y Vivienda de Aragón" y le ha dicho al consejero que "también hay que cumplir el derecho laboral".
