La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

1034962.1.260.149.20251210162332

   MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

   La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

   Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas.

   Las mismas fuentes han indicado que Díez, tras su detención, se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el municipio de Tres Cantos.

   Cabe recordar que Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.

   De hecho, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

   El juez instructor considera que la exmilitante y exconcejal socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

   Díez declaró el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores.

   Además, durante su declaración como imputada hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 dio el salto a la empresa pública, cuando empezó en Enusa, perteneciente a la SEPI y donde, tras un "previo proceso de selección", se incorporó como "técnico de comunicación".

    En Enusa estuvo hasta 2021, cuando --según dijo-- se fue con una excedencia voluntaria porque vio una oferta de trabajo en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.

SERVINABAR PAGÓ A FERNÁNDEZ

   Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina.

   La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió la semana pasada a los 16 acusados, entre ellos el propio Fernández, al considerar que "no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada".

   Fernández declaró en el juicio por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, negando cualquier "instrucción o recomendación" a los funcionarios del concurso saldado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis.

   El pasado julio, el PP citó al expresidente de la SEPI en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' del Senado por su relación con Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán y el empresario Antxon Alonso, investigados en el Tribunal Supremo por la presunta trama de comisiones a cambio de obra pública.

   Fernández se acogió a su derecho a no declarar alegando su situación procesal en el 'caso Aznalcóllar' cuando los senadores se interesaron por los motivos por los que cobró de Servinabar y también sobre si conoció a Díez, Cerdán, el exministro José Luis Ábalos o al exasesor ministerial Koldo García.

   El nombre de Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.

    En esos documentos, a los que tuvo acceso Europa Press, se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.