Cientos de inmigrantes acuden al Ayuntamiento de Zaragoza tras la aprobación del real decreto de regulación masiva

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ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de inmigrantes han acudido al Ayuntamiento de Zaragoza para tras la aprobación del Real Decreto de regulación extraordinaria para más de medio millón de inmigrantes, que ha entrado en vigor este jueves con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la aprobación por este pasado martes por el Consejo de Ministros.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marina Orós, ha explicado que la primera consecuencia "por culpa de un real decreto populista chapucero y mal planteado" es lo que se está viviendo en el hall de la Casa Consistorial, en las juntas de distrito y en los diferentes espacios municipales.

"Esa es la primera consecuencia de un real decreto mal planteado, mal planificado, sin financiación y sin marcar criterios y objetivos claros" ha descrito para precisar que en muy poco tiempo se ha pasado de "una buena idea" que era la iniciativa legislativa popular para plantear una ley que se debatiera en el Parlamento con aportaciones de todos los grupos políticos a esta medida que ha calificado de "opaca y trilera".

"Hemos pasado de una idea positiva porque para el PP la inmigración es una oportunidad a que este gobierno de España y Sánchez en concreto, por ser la cabeza visible, la ha convertido en un problema", ha resumido para preguntarse qué pretende el presidente del Gobierno de España "al generar un problema a las ciudades".

"Está muy bien irse a China a hacer el ridículo, tapar todos los casos de corrupción, pero lo más importante es que se hagan cargo de sus responsabilidades, que informen y que dejen de ser opacos", ha apremiado.

Al respecto, ha aseverado que "en ningún momento", la Administración General del Estado o la Delegación de Gobierno en Aragón ha contactado con el Ayuntamiento para explicar o coordinar el proceso de una manera transparente y colaborativa a pesar de que desde el pasado 28 de febrero ya alertaban por carta al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a quien pedía información para determinar las responsabilidades, pero en su respuesta les dijo que "ni era competencia del Ayuntamiento, ni le incumbía, ni le iba a afectar".

ENTRE 15.00 Y 20.000

Ha asegurado que la situación de Zaragoza es similar a la del resto de Ayuntamientos. "Intentamos evaluar el real decreto y ver qué medidas se pueden tomar a la espera de que la Delegación del Gobierno o el ministerio, porque, a veces la delegación del gobierno tengo la sensación de que sirve para poco o nada nos dé más información y como nosotros el resto de los ayuntamientos de este país". "Aquí no ha habido ni comunicación, ni coordinación, ni nada de nada. Esto es absolutamente infame", ha recalcado.

En rueda de prensa, Orós se ha preguntado si en el medio plazo esta medida va a suponer "la regularización de entre 15.00 y 20.000 personas" al argumentar que tampoco disponen de cifras "porque no las han querido dar".

Tras alertar del impacto que supondrá en la sanidad, educación y los servicios sociales y servicios públicos, Orós ha subrayado que el real decreto está provocando un "efecto llamada" del que ya ha alertado la Policía Nacional, en concreto los sindicatos policiales, al avisar de que conlleva una "desnaturalización del control administrativo, reduce las garantías en un proceso especialmente sensible e incrementa el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de la identidad y los antecedentes".

Orós ha reclamado información respecto a dos aspectos. El primero es la memoria de impacto presupuestario, que no existe según ha detectado el Consejo de Estado. "A ver si todo esto va a ser gratis o va a ser sin necesidad de aportación económica", ha preguntado.

INTENCIONALIDAD

La segunda atañe a la "falta de criterios objetivos" para determinar la vulnerabilidad, además de que no se explica que son las entidades competentes en materia de asistencia social. En este sentido, el decreto plantea la posibilidad de que sean las entidades del tercer sector, que se han inscrito en un registro para poder hacer estos informes de vulnerabilidad y la tramitación del expediente, que en el caso de Zaragoza son cinco las entidades apuntadas.

"Creo que está hecho a conciencia y con mala fe porque es transferir cargas administrativas a las entidades locales que no podemos asumir con garantías", ha afeado para preguntarse si se pretende que los ayuntamientos aporten recursos propios, que "ya están bastante tensionados" para deducir que el objetivo es: "Invito yo, con este buenismo increíble, pero pagan los demás".

Asimismo, Oros ha observado que "también hay cierta intencionalidad de cargar, saturar" a los ayuntamientos y "dificultar" el trabajo ordinario. Por ello, ante la falta de información y de poder articular el procedimiento en el caso de que compita a los ayuntamientos, y ante cualquier duda ha instado a contactar con la Delegación del Gobierno, el 060 y la línea 900.

"La política migratoria del actual Gobierno tiene que acabar porque incentiva la inmigración irregular, el efecto llamada las mafias y el fraude. Y porque como ciudad y como país no lo podemos sostener", ha sintetizado.

DATOS DE ZARAGOZA

Orós ha aportado cifras del albergue municipal de Zaragoza que está al 99% de nuestra capacidad, cuando lo habitual, antes de esta política migratoria expansiva era del 80%, y a pesar del aumento de 80 plazas en el albergue y otras 50 más en el resto de recursos.

Los datos del pasado lunes revelan que en el albergue hay alojadas 185 personas, de las que 40 son españoles, 11 del resto de Europa, 10 sudamericanos y el resto, 127, personas de origen africano, de los que 24 son magrebíes --argelinos y marroquíes-- y 103 subsaharianos.

De estos últimos, 59, de Mali son 40, de Burkina Faso, 17 y 2 de Somalia y todos ellos con derecho a protección internacional lo que supone que se tiene que hacer cargo la Delegación del Gobierno en Aragón que según las cifras más recientes dispone de 323 plazas libres.

"Todas estas personas están en el limbo y se les atiende en el albergue o con recursos municipales o en los peores casos están en la calle porque esas 59 personas son responsabilidad exclusiva del Gobierno de España", ha dejado claro.

EL REAL DECRETO

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Otro aspecto clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Este último aspecto se ha incluido tras el informe del Consejo de Estado, ya que el real decreto en su origen no recogía ni los antecedente penales, ni policiales.