La concejal socialista Ros Cihuelo lamenta que “el PP ha firmado la sentencia de expulsión al acceso a un hogar de VPA a los jóvenes y familias trabajadoras de Zaragoza” - EUROPA PRESS
ZARAGOZA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha cargado este lunes, 3 de agosto, contra la política de vivienda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de la capital aragonesa al considerar que la reciente subida del precio del módulo de la vivienda protegida dificulta aún más el acceso a una vivienda asequible para la clase trabajadora. Además, ha reclamado una estrategia municipal de colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar un parque público de alquiler asequible financiado con fondos europeos.
En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Zaragoza, Cihuelo ha cuestionado la decisión del Ejecutivo autonómico de incrementar en dos ocasiones el precio del módulo de la vivienda protegida en apenas 16 meses. Según ha explicado, tras una primera subida del 9,5% aprobada en 2025, el Gobierno de Aragón ha anunciado un nuevo incremento del 14% sobre el anterior, una evolución que, a su juicio, "no guarda ninguna relación con la evolución de los salarios".
La portavoz socialista ha asegurado que esta decisión supone un encarecimiento aproximado de 50.000 euros en el precio final de una vivienda protegida respecto a comienzos de 2025, una circunstancia que considera "contraproducente" porque, ha dicho, este tipo de promociones nacieron precisamente para facilitar el acceso a la vivienda.
Según los cálculos expuestos por Cihuelo, quienes quieran acceder a una de estas viviendas deberán afrontar unas condiciones económicas cada vez más exigentes, con la necesidad de disponer de un ahorro previo superior a 69.000 euros para acceder a una hipoteca y cuotas mensuales que superarían los 800 euros.
"SE ELEVA LA BARRERA DE ACCESO"
Para la portavoz socialista, el problema no reside únicamente en el incremento del precio de la vivienda protegida, sino también en el aumento de las dificultades económicas para acceder a ella.
En este sentido, ha advertido de que el mercado del alquiler tampoco ofrece una alternativa asequible y ha señalado que el precio de una habitación compartida en Zaragoza ronda ya los 500 euros mensuales.
Cihuelo ha enmarcado esta situación en un problema de igualdad y cohesión social al considerar que la vivienda ha pasado de entenderse como un derecho a convertirse principalmente en un activo financiero.
Durante su intervención también ha criticado la gestión urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha acusado al Gobierno municipal de Natalia Chueca de destinar suelo público a promociones de vivienda protegida mediante proceso de venta y de renunciar, como ha manifestado, a desarrollar políticas de regulación del mercado residencial.
Asimismo, ha censurado la decisión del equipo de gobierno de prescindir del papel que, a su juicio, debería desempeñar Zaragoza Vivienda como principal operador público municipal y ha reprochado al consistorio que no impulse medidas para regular las viviendas de uso turístico.
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA CON EL BEI
Frente a este modelo, el Grupo Municipal Socialista ha planteado la elaboración de una estrategia 'Zaragoza-BEI 2030', inspirada en iniciativa que ya están desarrollando otras ciudades europeas.
La propuesta contempla tres actuaciones principales: encomendar a Zaragoza Vivienda la preparación de una cartera de promociones susceptibles de ser financiadas por el Banco Europeo de Inversiones, abrir una negociación con esta institución para obtener financiación plurianual destinada exclusivamente a vivienda pública destinada exclusivamente a vivienda pública de alquiler asequible y reforzar el papel de la sociedad municipal como principal operador público de vivienda.
En este sentido, Cihuelo ha asegurado que el objetivo pasa por incrementar de forma estable el parque municipal de vivienda de alquiler asequible aprovechando la financiación que el BEI destina a este tipo de actuaciones.
Cihuelo ha expuesto que el urbanismo debe orientarse a garantizar el acceso a un hogar y no únicamente a gestionar suelo o favorecer el desarrollo inmobiliario. En este sentido, ha sostenido que el modelo impulsado por el PP concibe la vivienda "como un activo financiero y no como un hogar", y ha contrapuesto esa visión a la defensa del derecho a la vivienda que mantiene el PSOE.
Asimismo, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de respaldar la política de vivienda del Ejecutivo autonómico. La concejal socialista ha cuestionado que el Ayuntamiento ceda suelo público para promociones mientras, según su criterio, no desarrolla una estrategia propia para ampliar el parque municipal de alquiler asequible.
En este punto ha afirmado que las últimas promociones de este tipo alcanzan rentas cercanas a los 880 euros mensuales, "muy alejadas" de las posibilidades económicas de buena parte de la población joven y trabajadora.
APELA AL NUEVO MARCO EUROPEO
La portavoz socialista ha situado además el debate en el nuevo contexto impulsado por las instituciones europeas en materia de vivienda.
Ha recordado que la Unión Europea aprobó en diciembre de 2025 un plan de vivienda asequible y que posteriormente ha continuado desarrollando iniciativas encaminadas a reforzar el papel de las ciudades en estas políticas. Entre ellas, ha citado el memorando firmado el pasado 2 de julio entre el Banco Europeo de Inversiones y el Comité Europeo de las Regiones para impulsar la construcción de vivienda asequible.
La portavoz socialista ha indicado que la futura planificación presupuestaria europea contempla destinar entre 153.000 y 300.000 millones de euros a políticas de vivienda protegida y alquiler asequible, una oportunidad que, en su opinión, Zaragoza no está aprovechando.
"Las ciudades tienen que liderar las políticas de vivienda asequible", ha concluido Cihuelo, quien ha lamentado que la capital aragonesa no participe, a su juicio, en las alianzas europeas que trabajan esta materia y ha acusado al Gobierno municipal de priorizar el crecimiento del mercado inmobiliario frente a la garantía del acceso a la vivienda para los vecinos.