ZARAGOZA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Huesca, Sebastián Contín, ha calificado la nueva propuesta de Zaragoza en Común (ZEC) para ampliar el servicio Bizi como un "disparate económico y un mal negocio para los ciudadanos de Zaragoza".
Los cambios que se introducen, respecto a la propuesta anterior, "únicamente buscan reducir el coste total para presentar una cifra aparentemente más baja, pero la realidad es que ese modelo de ampliación seguiría siendo muy caro y además se haría a costa de perder cuestiones importantes como la renovación de las bicicletas actuales, tal y como estaba previsto antes", ha argumentado.
Sebastián Contín ha señalado que la nueva propuesta "insiste en contravenir el principio del contrato inicial de que el servicio se pagará en su totalidad con la concesión de publicidad". En su opinión, esto llevaría a soportar una ampliación valorada en 10,2 millones con cargo al presupuesto municipal, desviando fondos de apartados más urgentes y necesarios, y sin que el material adquirido sea de propiedad municipal al término de la concesión.
En este sentido, el concejal popular ha dicho que las nuevas bicis que se fueran adquiriendo estarían todavía en buenas condiciones de uso al finalizar la contrata, a mediados de 2023, pero el ayuntamiento no se podría beneficiar de esa circunstancia, a pesar de haberlas comprado.
Igualmente, Contín ha advertido de que el contrato ya ha sido objeto de dos modificaciones que han supuestos incrementos del 8,6% y del 5,89%. La propuesta de diciembre de 2016 comportaba un incremento
del 25,88%, por lo que, junto a las otras dos modificaciones, el incremento total sería de un 40,33%, superando por lo tanto el umbral del 20%, ha continuado diciendo.
Ahora, la nueva propuesta estima ese incremento en el 29,42%. En ambos casos, ha resaltado el edil popular, se trata de un aumento del contrato que debe estar justificado por la concurrencia de necesidades nuevas o causas imprevistas, "cuestiones sobre las que el interventor municipal y el Consejo Consultivo de Aragón ya han expresado notables dudas jurídicas".
