Las Cortes siguen tramitando la Ley del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que sustituye al ICA

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. - EUROPA PRESS.
Publicado: martes, 29 junio 2021 14:54

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón continuarán tramitando el proyecto de ley del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), que sustituirá al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), después de que este martes, 29 de junio, el Pleno haya dado el visto bueno al debate de totalidad, que han votado favorablemente los grupos.

Ha presentado el proyecto de ley el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien ha expuesto que supondrá un ahorro para las viviendas donde se consuma hasta 16 metros cúbicos mensuales.

Ha resaltado que el IMAR es "un único tributo" que dará "los mismos resultados" que los que se pretendían obtener con la fórmula de impuesto y tasa, indicando que este nuevo gravamen trae consigo coeficientes reductores para quienes solo hubieran estado sujetos a un impuesto y no a una tasa.

"Se trata de reformar el ICA en base al compromiso que desde el Gobierno se asumió" cuando, en 2019, el cuatripartito negoció el acuerdo de investidura de Javier Lambán, exponiendo que el impuesto se limita a gravar el saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas y elimina la prevención ante la contaminación y el abastecimiento, recuperando la figura fiscal como fuente de financiación vinculada a la política de recuperación de las aguas residuales.

Joaquín Olona ha observado que el IMAR es compatible con otras figuras impositivas de ámbito local, las tasas municipales, respetándose así el principio de autonoía local, y se simplifican las exenciones. El gravamen incorpora la tarifa variable en el uso doméstico, dado que hay 100.000 viviendas deshabitadas y otras 140.000 segundas residencias.

GRUPOS

El diputado del PP, Ramón Celma, ha opinado que el objetivo de proteger el medio ambiente "queda eclipsado por el afán recaudatorio del Gobierno de Aragón", de forma que los aragoneses serán los que más paguen por un gravamen de este tipo, haciendo notar que "el esfuerzo lo van a seguir haciendo los ciudadanos". Ha lamentado que en Aragón hay cinco impuestos medioambientales, que repercuten en el coste de los bienes de primera necesidad.

El diputado del PSOE, Óscar Galeano, ha aseverado que, con esta reforma, "el impuesto sobre las aguas residuales va a ser lo que las Cortes quisieron que sea", subrayando que el proyecto de ley recoge "en un porcentaje elevadísimo" las conclusiones del dictamen de la Comisión especial de estudio del ICA. "Miedo me da el impuesto que hubiera traído el PP", ha ironizado.

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha manifestado que "se pueden bajar impuestos en esta comunidad autónoma y cuidar el medio ambiente, seguir depurando y bajar impuestos", indicando que esta reforma "viene de lejos" porque la reforma del Impuesto de Sucesiones pactada por PSOE y Cs --en 2018-- incluía un "pacto adicional" para reducir el ICA ya que "a las familias se les disparaba y se producían muchas situaciones de injusticia", entre otras que algunos municipios lo pagaban pese a carecer de depuradora propia y, a la vez, cargaban con multas por no tener esta infraestructura: "Muchas incongruencias".

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha celebrado que "con esta ley el ICA pasará a la Historia" y que responde al "cumplimiento de un acuerdo" del Gobierno de Aragón, añadiendo que "la gente reivindica que quien contamina pague más y que no se pague dos veces por lo mismo".

El IMAR se enmarca en "un proceso largo para intentar cambiar el modelo de saneamiento, que ha sido un auténtico desastre", aunque se han conseguido "algunas cosas", como construir algunas depuradoras pendientes, suprimir el sobredimensionamiento de infraestructuras, ajustar el coste para las familias y acabar con los contratos incumplidos.

Hasta ahora, ha continuado Escartín, se ha conseguido que los Ayuntamientos no tengan que pagar las multas de la CHE por el Plan Pirineos y que haya una financiación finalista para la construcción de nuevas depuradoras. Ahora se encuentran en fase de obras las depuradoras de Sallent de Gállego, Formigal y Ansó (Huesca), que estarán concluidas en 2022, las de Benasque comenzarán este verano, se ha adjuicado la de Torla, y la de Hecho comenzará en 2022.

Desde CHA, Joaquín Palacín ha puesto de relieve que hay "un consenso amplio" para modificar el ICA recogido en el acuerdo de gobernabilidad, tras lo que ha expresado que CHA quiere "el mecanismo más adecuado para Aragón atendiendo a la peculiaridad" de acometer la depuración de las aguas "en las mejores condiciones".

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha compartido con el resto de los grupos la necesidad de abordar la reforma del ICA, lamentando que "las múltiples reclamaciones de los últimos años, especialmente por la doble tributación, ha llevado a la judicialización".

Ha avisado de que el consumo medio de los hogares es de 129 metros cúbicos mensuales, subrayando que el IMAR no beneficia a las familias numerosas, tras lo que ha dudado de que con la nueva tarifa la recaudación se ajuste al coste real del servicio.

En representación del PAR, Esther Peirat, ha dicho que esta reforma propiciará la aplicación de una norma "más moderna, clara y equitativa" afirmando que se ha realizado un esfuerzo de clarificación "notable" y que se manifiesta en "una sensibilidad hacia los territorios y los municipios menos poblados". Ha apoyado "la moderación fiscal".

El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha dicho que "formalmente se deroga el ICA" y se ha preguntado "si continuamos manteniendo los aspectos negativos del mismo", afirmando que sí porque algunas cuestiones "siguen ahí". Ha defendido "el derecho al agua, el principio de recuperación de costes, la solidaridad y la colaboración administrativa".

Ha considerado que "se debe afinar más" en la determinación de los consumos estimados porque establecer un tipo fijo "sin criterio" puede "provocar agravios" y ha rechazado "el uso indiscriminado del silencio negativo" de la Administración.

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