HUESCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha anunciado el refuerzo del gabinete jurídico y la creación de un grupo de trabajo específico para apoyar a los ayuntamientos y comarcas que afrontan afecciones ocasionadas por la existencia en sus términos municipales de centrales eléctricas generadoras de recursos energéticos y alrededor de las cuales se ubican las necesarias infraestructuras.
Estas entidades locales tienen "muchas veces" conflictos relativos a caudales, tasas y sanciones y, además, soportan cargas territoriales y medioambientales "poco o nada reconocidas", que benefician a otros actores alejados del territorio, ha precisado la institución provincial en una nota de prensa.
Desde la DPH han indicado que esta línea de acción "consolidará el apoyo que hasta ahora se ha realizado" y se materializará a través de un grupo de trabajo específico que se va a crear para buscar todas las fórmulas posibles para reforzar las razones, argumentos e intereses de estos territorios "e incluso plantear reformas legislativas necesarias para conseguir restituciones territoriales que hagan justicia a las zonas cedentes".
Miguel Gracia ha explicado que "vamos a fortalecer el apoyo que hasta ahora se venía prestando desde la Diputación de Huesca a ayuntamientos, comarcas y organizaciones como la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA) y se va a constituir un grupo de trabajo con técnicos de varias áreas de la Diputación de Huesca".
INTEGRANTES
El presidente de la DPH ha comparecido con el diputado responsable de Régimen Interior, Marco Ibarz, para dar a conocer esta iniciativa, un grupo de trabajo estará formado por técnicos expertos en esta materia, que pertenecen a las secciones de Asesoría Jurídica, Intervención y Recaudación de la Diputación de Huesca.
El objetivo es que puedan actuar coordinadamente dentro de la institución y según las necesidades que traslade el territorio, "muchas veces dispares unas de otras", como pueden ser tasas, inversión de la energía reservada, sanciones por vertidos, caudales ecológicos, recuperación de patrimonio público, caducidad de concesiones hidroeléctricas, pertenencia a órganos de gobierno donde los usuarios forman parte y los cedentes no.
La DPH estudia que también forme parte de este grupo ADELPA como asociación de entidades locales conocedora de las necesidades del territorio y con la que hasta ahora se ha venido trabajando.
Asimismo, en función de los temas que se traten se invitaría a participar en este grupo a diferentes ayuntamientos, comarcas, así como a expertos, tanto técnicos de distinta materia, como especialistas en Derecho, en directivas europeas o de aquellos asuntos que se consideren ante las distintas necesidades que puedan surgir.
PRESUPUESTO PROPIO
La voluntad política es que este grupo de trabajo disponga de una partida presupuestaria propia de forma que se puedan encargar estudios, informes, trabajos, asesorías, etcétera, a gabinetes jurídicos o especialistas en estas cuestiones, capaces de dar respuesta a las peticiones que hasta ahora han ido trasladando a la DPH los ayuntamientos, sobre todo canalizados a través de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA).
Entre las reclamaciones "ya históricas" de esta entidad y de los municipios y comarcas figura la de formar parte de órganos de gobierno donde se decide y gestiona la política hidráulica y donde sí que están representados los beneficiarios de estos recursos que se generan en un territorio -cedente- "que no ha sido escuchado para integrarse en dicho órgano", han apuntado desde la institución provincial.
De igual forma, la DPH contempla la necesidad de trabajar "en el reconocimiento del esfuerzo realizado por los habitantes de las zonas rurales" y en valores para concienciar a la sociedad en este sentido, así como en el de plantear en el futuro "pagos por servicios ambientales" que repercutan en estos territorios rurales, contribuyendo así a la sostenibilidad económica, social y poblacional.
