El Gobierno de Aragón considera "inviable" acoger a 251 menores no acompañados más y también rechaza el presupuesto

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha respondido este viernes al Ministerio de Juventud que es "inviable" que la Comunidad Autónoma acoja a 251 menores extranjeros no acompañados más y también ha rechazado la partida de 3,6 millones de euros anunciada por el Ministerio de Juventud.

En una nota de prensa, Bienestar Social ha asegurado que "los recursos de acogida y protección de menores están saturados", a lo que se suma un déficit de profesionales y "un goteo constante" de menores extranjeros que ingresan en el sistema de protección autonómico, "a los que se suman los que llegan camuflados entre los adultos dentro de los programas de protección internacional y acogida humanitaria que dependen del Gobierno de España".

"Vistos estos hechos y acreditada la situación de saturación y de falta de medios y profesionales, la posibilidad de que Aragón pueda acoger 251 menores es inviable y desde luego tampoco sería posible hacerlo con un presupuesto de 3,6 millones de euros".

A su juicio, "esta filtración interesada de documentación, previa a la Comisión en la que se ha de fijar el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, es una maniobra política para tapar los escándalos de Pedro Sánchez que no tiene en cuenta el interés superior del menor y que vuelve a poner de manifiesto que el Gobierno central es incapaz de gestionar las políticas migratorias y de organizar la atención y acogida de extranjeros, ni de los adultos ni de los menores de edad".

Por último, Bienestar Social ha indicado que "Aragón, así como otras comunidades autónomas, tiene recurrido en el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley mediante el que el Gobierno de España impone los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que permanecen en Canarias y al amparo de los cuales se está planteando la distribución de todos ellos a la Península".

El Decreto Ley, a juicio del Gobierno de Aragón, "fue redactado conforme a razones políticas totalmente ajenas al interés superior del menor, vulnera competencias autonómicas y además quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas", concluyen desde el Departamento.