El Gobierno de Aragón solicita prisión provisional para el investigado por el incendio de Riglos (Huesca)

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, ha solicitado este jueves al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros, para el investigado por el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), que quemó más de 14.500 hectáreas.

El detenido, un trabajador de las obras de la A-132, ingresó en un principio en prisión provisional ante el elevado riesgo de fuga y la falta de arraigo --es un ciudadano colombiano que llegó a España menos de un mes antes del incendio--, pero la jueza lo dejó días después en libertad al no ver indicios suficientes de su autoría.

El Ejecutivo autonómico ha considerado que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia relevante a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia.

El incendio de Riglos, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona.

Según recoge el escrito remitido al Tribunal, "el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana".

Asimismo, señala que "la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado".

Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.