El Gobierno de Zaragoza rechaza la regularización de migrantes por considerar que es "inasumible" e "incita al fraude"

ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha manifestado el "absoluto rechazo" del Gobierno de Zaragoza a la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que se trata de una medida "improvisada, inasumible, que incita al fraude y tendrá efecto llamada" y, por tanto, "pedimos es que no se aplique, que no entre en vigor", porque "va a ser un desastre".

En rueda de prensa este miércoles, Marian Orós, ha informado de que le ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, sobre el proyecto de modificación del Real Decreto 1155/2024, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, relativo a las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo y autorización excepcional única.

La misiva requiere "información clara, precisa y oficial" sobre las previsiones concretas para la ciudad de Zaragoza de acuerdo a la estimación oficial del número de personas que podrían acogerse a la regularización en la capital aragonesa y "desglosado por procedimientos", además que los refuerzos de personal previstos en las Oficinas de Extranjería y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También recoge entre las peticiones conocer los tiempos de resolución estimados, si existe una memoria económica y la dotación presupuestaria concreta para la ciudad de Zaragoza y si se ha planteado una adicional que recibiría la capital aragonesa para atender el incremento de demanda en los servicios sociales, el volumen de informes de vulnerabilidad se deberán emitir y los mecanismos de coordinación institucional y de información pública.

"ESTAMOS NOTANDO YA EL EFECTO LLAMADA"

Orós ha expresado su "enorme preocupación, en el caso de que dicha medida se lleve a efecto" y, de hecho, ha avanzado que ya "estamos notando el efecto llamada", por lo que ha exigido "planificación, financiación y coordinación institucional".

Ha reiterado que esta medida es "improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos". También la ha tildado de "inasumible" y ha advertido que "incita al fraude" y supone "premiar a los que incumplen la ley": "Es irresponsable e introduce riesgos para la seguridad de las ciudades y la sostenibilidad de los servicios sociales".

A su juicio, "va en contra de las políticas migratorias de la UE y del Pacto Europeo de migración y asilo", ha añadido, para alertar de que el Gobierno de España tampoco ha especificado el número de personas que podrían acogerse al proceso de regularización.

"Se habla de cifras que oscilan entre cientos de miles y más de dos millones de personas si se tiene en cuenta la reagrupación familiar, pero no existe una estimación oficial clara", ha explicado la consejera municipal de Políticas Sociales.

En el caso de Aragón, las estimaciones trasladadas de manera informal a entidades sociales sitúan la cifra entre 12.000 y 15.000 personas, sin que se hayan presentado estudios técnicos ni previsiones detalladas, ha dicho Marian Orós.

Así, ha afirmado: "El Estado pretende generar de facto una nueva ciudad vulnerable dentro de las ciudades ya existentes, sin un solo euro adicional comprometido para reforzar los servicios públicos que deberán asumir los municipios".

TRANSFERENCIA DE COSTES Y RIESGO DE COLAPSO MUNICIPAL

Igualmente, Orós ha subrayado que esta iniciativa supone una transferencia encubierta de competencias y costes a las entidades locales. En la actualidad, aproximadamente el 80% de las personas sin hogar en Zaragoza son inmigrantes y, de ellas, el 93% se encuentran en situación irregular, de acuerdo al reciente 'Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza' realizado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja.

De modo que la regularización masiva "incrementaría de forma inmediata la presión sobre los servicios sociales municipales, la vivienda, los recursos de inclusión sociolaboral y la atención jurídica", ha argumentado.

Ha observado que los informes de vulnerabilidad previstos en la norma podrían recaer en los centros municipales de servicios sociales, lo que generaría una "avalancha administrativa" sin refuerzo de personal ni financiación adicional.

IMPACTO EN ZARAGOZA

Si se extrapolan cifras nacionales, Zaragoza podría afrontar miles de nuevos usuarios en sus servicios sociales, mayor presión sobre el mercado de la vivienda, saturación de recursos de inclusión y sobrecarga de profesionales municipales, todo ello sin financiación estructural adicional procedente del Estado, ha enumerado la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

De hecho, ha comentado Orós, "en la Casa de las Culturas ya estamos teniendo muchas personas que vienen a preguntar para que les asesoremos jurídicamente, el padrón ha incrementado un 20% el número de consultas y en Extranjería están saturados y otras personas están yendo a las comisarías a denunciar pérdida de pasaporte. Es decir, está habiendo un caos en general".

De la misma manera, Marian Orós ha destacado las dificultades técnicas del procedimiento, entre ellas la obtención de antecedentes penales de los países de origen, la posibilidad de sustituir documentación oficial por declaraciones responsables o la falta de claridad sobre la situación de personas con antecedentes policiales no firmes.

Respecto del plazo previsto -de abril a junio de 2026-, Orós ha opinado que resulta "insuficiente para tramitar un proceso de esta magnitud sin generar colapso y errores administrativos", especialmente en un contexto en el que no se han creado oficinas específicas ni se ha desarrollado una estrategia clara de información pública.

"Para nosotros la inmigración es una oportunidad que el Gobierno de España ha convertido en un fracaso y en un problema gravísimo. La política migratoria tiene que ser ordenada, con seguridad jurídica, planificación real e integración ligada a empleo y responsabilidad institucional por parte de todos", ha defendido Orós.

Sin embargo, ha continuado, "lo que no podemos aceptar es la improvisación, el electoralismo, la transferencia de costes a las administraciones, en este caso locales, porque ese decreto no habla en ningún momento de la financiación adicional que tiene que aportar el Gobierno de España".

"Regularizar sin planificación es generar graves problemas, frustración futura y riesgo de colapso para los municipios que el Ayuntamiento de Zaragoza no va a tolerar", ha concluido.