ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El II Acuerdo estatal para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo persigue, entre otras cosas, reducir la temporalidad del sector, que en Aragón es del 35 por ciento de media, si bien hay ámbitos, como el sanitario, donde alcanza casi el 50 por ciento.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Empleados Públicos (FeSP) de UGT, Julio Lacuerda, quien ha comparecido acompañado por la secretaria general de la FeSP de UGT Aragón, Alicia Hernández, antes de participar en un asamblea con empleados públicos en la sede del sindicato en Zaragoza para explicar este acuerdo suscrito en marzo por sindicatos y Ministerio de Hacienda.
El secretario general de la FeSP de UGT ha detallado que en Aragón más de 92.000 personas trabajaban para la Administración pública y ha calificado de "barbaridad inasumible" la temporalidad del 49,5 por ciento que posee el sector sanitario.
En el caso de la educación, esta se eleva al 38 por ciento y en la Administración general, tanto el caso de la autonómica, como la local, supera el 30 por ciento. Por eso, este II Acuerdo, que prevé en los próximos tres años reducir la temporalidad al ocho por ciento, "ha generado muchas expectativas".
Según ha indicado Lacuerda, va a permitir consolidar empleos de personas que los ocupan en estado de interinidad hace más de 20 años y que los jóvenes puedan acceder a la función pública.
El secretario general de la FeSP de UGT ha subrayado que no se ha logrado hacer desaparecer la tasa de reposición, pero en muchas Administraciones "prácticamente se consigue" y va a ser "la primera vez que se crea empleo neto desde hace más de una década".
En el conjunto del país, Lacuerda ha dicho que hay cerca de 350.000 trabajadores públicos temporales y ha señalado que el acuerdo contempla consolidar todas las plazas de carácter estructural y dotadas económicamente antes del 31 de diciembre de 2016, "que son la mayoría de esas más de 300.000".
RESTITUCIÓN
El secretario general de la FeSP de UGT ha comentado que este II Acuerdo "es el inicio de la restitución de derechos y reparación del daño sufrido en estos años de crisis" por los trabajadores del sector público.
Igualmente, ha apuntado que supone un reconocimiento a su "compromiso" por "garantizar la calidad de los servicios públicos" ya que "no solo han trabajado con condiciones laborales precarias, sino con reducción de medios".
En el caso de los salarios, ha indicado que la horquilla de la subida que se estima se encuentra entre el 3,5 y el 5,3 por ciento y va a permitir que no haya pérdida de poder adquisitivo y "tener la seguridad de se recuperará en esa banda, pudiendo llegar a alcanzar hasta el 8,79 por ciento".
Ha reconocido que "no es suficiente" respecto a lo perdido, pero "por algo se empieza". Según ha esgrimido, este acuerdo va a generar empleo "de calidad" y camina en la senda de recuperar las condiciones laborales "que hasta en 15 ocasiones fueron anuladas" durante la crisis por decisiones del Consejo de Ministros.
Estas últimas también han supuesto "impedir la negociación en otras Administraciones públicas", mientras que con el acuerdo "se recupera la capacidad organizativa" tanto en la Administración autonómica, como en la local.
Lacuerda ha apuntado que hay mecanismos previstos para asegurar que el acuerdo se cumpla, además de que está previsto hacer balance a los tres años y ha señalado que cuentan con el "compromiso firme del Gobierno" de aportar las dotaciones económicas necesarias.
Al respecto, ha explicado que en caso de que no se lograr la mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el Ejecutivo presentaría un real decreto ley, respecto al que ha confiado que "sí se tendría esa mayoría" en el Congreso de los Diputados.
