ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el archivo de la denuncia de esta Asociación, en relación con la situación del puesto de director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), perteneciente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, al señalar que no es competencia de dicha Inspección actuar en relación con la provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la función pública.
La denuncia realizada por esta Asociación señalaba que las funciones de dicho puesto, propio de funcionario de carrera, estaban siendo desempeñadas por una persona, Carlos Franco, que no ostenta tal condición, y que, presumiblemente, era personal laboral de la empresa pública SODEMASA.
La Asociación denunciante consideraba que este hecho incurría en una posible cesión ilegal de trabajadores entre la citada empresa pública y el Departamento de Medio Ambiente. "Era esta cuestión --la cesión ilegal de trabajadores-- y no la provisión de puestos de la función pública, cuestión obviamente ajena a las competencias de dicha Inspección, la que se denunciaba", según informaron en nota de prensa desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública.
Se señala en el escrito remitido por la Inspección que sólo cabría su actuación en el "caso hipotético" de préstamo laboral o cesión de trabajadores, y se procede seguidamente a la delimitación conceptual y jurisprudencial de dicha noción jurídica, para concluir que "la cuestión sería de mayor complejidad si consideramos como hipótesis que la cesión se produjera entre empleados de una empresa pública, dependiente del mismo Departamento, y para desempeñar funciones propias de funcionario público, caso en el que no parece quepa el supuesto de elección por parte del trabajador hipotéticamente cedido".
Concluye que "el control del cumplimiento de la normativa específica que regula la función pública, en orden al desempeño de funciones, provisión de puestos y organización administrativa no es competencia para la que esté habilitada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de cualesquiera administraciones públicas".
La Asociación expresó hoy su "sorpresa" por la decisión adoptada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al proceder al archivo de una denuncia, sin ni siquiera comprobar o fijar los hechos denunciados, según apuntaron.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública consideró que la inhibición de la Inspección de Trabajo, y su negativa a comprobar si existe un supuesto de cesión ilegal de trabajadores --al margen de la complejidad jurídica que implique la relación entre un Departamento y una empresa pública adscrita al mismo-- se añade a la inactividad de la Inspección General de Servicios, órgano de control del Departamento de Presidencia que, según informaron, "tampoco ha efectuado comprobación alguna sobre la irregular situación en el puesto de director del CIAMA".
"Tal comportamiento no sólo supone una inaplicación de las normas a que se hallan sujetos tales órganos, sino una abierta contribución a que los abusos en que viene incurriendo el Departamento de Medio Ambiente, supliendo con personal laboral de SODEMASA numerosas funciones propias de funcionarios de carrera, no se corrijan ni se sancionen", añadieron.
La Asociación advirtió de que reiterará a la Inspección General de Servicios y a la Inspección de Trabajo la denuncia de esta situación, al tiempo que analizarán el posible traslado de todas las actuaciones realizadas sobre el caso al Fiscal General del Estado, al estar tipificado como delito contra la Administración Pública el desempeño de puestos de trabajo reservados a funcionarios por personas que no tengan tal condición.
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