IU incide en que Belloch tiene obligación política, jurídica y moral de recurrir la sentencia de Valdespartera

El portavoz del grupo municipal de IU, José Manuel Alonso
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Europa Press Aragón
Actualizado: sábado, 6 diciembre 2014 2:44

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha incidido en que el alcalde, Juan Alberto Belloch, tiene la "obligación política, jurídica y moral" de recurrir la sentencia que ha anulado la condición de que la construcción de equipamientos públicos sean gestionados directamente por la Administración y que afecta a tres parcelas de Valdespartera.

El fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza permite la cesión gratuita de suelo público a la empresa privada para construir un colegio concertado en este barrio del sur de la ciudad. De esta forma invalida la condición expresada por el Ayuntamiento en el convenio con el Gobierno de Aragón para que el suelo público cedido por el Consistorio sea utilizado para equipamientos públicos.

Alonso ha añadido que esta obligación de recurrir también se justifica por "el acto de firmar la cláusula, por el mayor coste que tiene la escuela privada concertada para los vecinos y porque un Ayuntamiento de izquierdas no puede hacer este tipo de dejación".

En rueda de prensa, Alonso ha sentenciado que Belloch "tiene que recurrir, le guste o no le guste porque es su obligación" y también porque "en está en la pelea por la escuela pública y es una seña de identidad del Ayuntamiento".

Alonso ha reconocido que "no comprendemos que algunos se planteen el no recurrir porque no sería defender los intereses públicos" y aunque ha apreciado que la postura del PP es "lógica, también es lógico que IU se enfrente a sus planteamientos porque defendemos posturas contrarias".

Tras criticar que el Gobierno de Aragón "sigue empeñado en construir un equipamiento privado en Valdespartera" ha aportado el dato de que en la Constitución del estado de Illinois (Estados Unidos) se recoge el "derecho a la educación pública gratuita hasta los 16 años". En el país, que es la "cuna del neoliberalismo al parecer la DGA no quiere hacer eso, quizá porque quiere convertirse en el paradigma del neoliberalismo más allá de Estados Unidos".

INFORME

En su defensa de la escuela pública, Alonso ha expuesto algunos datos del informe del Observatorio por la Educación Pública del área Federal de Educación de IU en el que se recoge que las ratios de alumnos por grupo y de profesores por grupo "son menores que en la privada concertada".

También ha aludido a que la diversificación curricular es mayor en la pública que en la privada-concertada para atender las necesidades específicas del alumnado con problemas físicos o sociológicos, entre otros.

Un tercer aspecto que ha indicado en favor de la educación pública atañe a las "mejores condiciones económicas y de calidad del empleo del profesorado que luego revierte en la calidad de la enseñanza". Asimismo, la transparencia en el funcionamiento y la gestión de la educación pública es "mucho mayor" que en la privada.

El coste económico para los padres que llevan a sus hijos a la escuela pública supone una media de 822 euros anuales, frente a los 1.549 euros de la privada concertada, casi el doble, ha destacado entre los datos del citado informe.

MOCIÓN

Alonso ha avanzado que IU no presentará una moción en el próximo pleno para solicitar que se recurra la sentencia porque para entonces el plazo de presentación del recurso ya habrá vencido y el debate "sería ineficaz".

Así, ha anunciado que defenderá una moción en la que se pide que el Ayuntamiento garantice la existencia de suelo suficiente para la construcción de escuelas públicas, de modo que "al menos se garantice una plaza escolar en el ámbito público por cada ciudadano en edad escolar".

También se pide al Gobierno de Aragón a que garantice al municipio de Zaragoza las plazas en la escuela pública para cubrir "al menos, la escolarización de toda la población en edad escolar".

Finalmente, se reclama al Ejecutivo autonómico que se estas obligaciones, pero "en especial en los barrio de recuente consolidación, tanto por el porcentaje de población joven, como por la inexistencia de equipamientos educativos".

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