ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad y 114 parciales al proyecto de ley de modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón, de 2009, para garantizar un urbanismo "más social, basado en los derechos públicos" y el interés de los ciudadanos.
En rueda de prensa, el diputado de IU, Miguel Aso, ha considerado que la técnica legislativa utilizada por el Gobierno aragonés en este caso "no ha facilitado el trabajo de los grupos parlamentarios" ya que "lo más razonable sería hacer una nueva ley y a partir de ahí trabajar todos los grupos, especialmente en algo tan sensible como el urbanismo", pero el Ejecutivo ha preferido plantear 174 modificaciones a un texto de 290 artículos.
"La justificación del Gobierno para modificar la ley es dinamizar el sector y reducir el intervencionismo de la administración", sin embargo "está facilitando las condiciones para volver al urbanismo como modelo de financiación de las administraciones y de desarrollo. Es una vuelta de tuerca más" hacia el modelo de la burbuja inmobiliaria.
Así, incluye "variaciones considerables" en cuanto a viviendas de alquiler y "no enfoca una cuestión central como es el modelo de ciudad mediterráneo y compacto" y desde IU "queremos que el urbanismo garantice la movilidad sostenible en nuestras ciudades", ha afirmado.
Las enmiendas de IU pretenden fomentar un urbanismo social, el alquiler, facilitar la participación, "reducir el peso específico de las Alcaldías en relación a los plenos para un mayor control e introducir el consejo de urbanismo de Aragón", entre otros puntos.
Asimismo, ha apuntado otra cuestión "central" y es que "cuando un suelo deja de ser un patatal para ser edificable quien genera la plusvalía es la administración y debe ser la beneficiaría de la misma", un aspecto que debería contemplar la ley "para que la administración y los ciudadanos se queden con la mayor parte de la plusvalía generada".
Además, Aso ha advertido de que se están adoptando "demasiadas reformas en muy poquito tiempo" por lo que "muchos trámites quedarán a caballo de dos legislaciones" y la situación "se complicará más si el Gobierno central también legisla" en la materia.
En su opinión, este proyecto "no resuelve los problemas centrales del urbanismo en Aragón y no perdurará en el tiempo porque no ha sido consensuado" con los grupos. El Ejecutivo, ha estimado, "debería de plantear una ley nueva y haber facilitado el trabajo de los grupos".