IU rechaza que salga a concurso el servicio jurídico de atención a mujeres víctimas de la violencia

   ZARAGOZA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   IU Aragón rechaza que salga a concurso del servicio jurídico de atención a mujeres víctimas de la violencia, que presta el Gobierno regional a través de los colegios de abogados. La diputada, Patricia Luquin, ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en Comisión de las Cortes autonómicas.

   En la iniciativa, la coalición de izquierdas plantea que se agoten todas las fórmulas y mecanismos necesarios para que el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón continúe prestando este servicio de forma gratuita, como ha venido haciendo las últimas décadas.

   En el caso de que, técnicamente, no sea posible mantener el convenio con el Consejo, que el Gobierno de Aragón garantice que en el pliego de condiciones técnicas para la gestión del servicio se incluyen las cláusulas sociales necesarias que aseguren una prestación adaptada, garantista y adecuada a la sensibilidad de la problemática que atienden, así como de calidad y con todos los recursos necesarios para dicha prestación.

   Luquin ha manifestado su preocupación por la posible externalización de este servicio, más cuando "no hay ningún tipo de explicación". Ha resaltado que este es un servicio público y ha afirmado que "no se puede poner a una empresa en el mismo nivel que el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón" por la vocación de las instituciones colegiales prestar servicios públicos esenciales. "Están garantizando derechos", ha observado.

   Ha comparado la privatización con la externalización del Servicio de Acogida y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI), que presta el Colegio de Abogados de Zaragoza, "un servicio excelente" que el anterior Ejecutivo sacó a concurso, volviendo finalmente al REICAZ.

   Luquin ha hecho notar que "cuando hablamos de asesoramiento jurídicos a mujeres víctimas de la violencia hablamos de guardas, de asesoría, de todo Aragón" y se ha preguntado "qué tipo de empresa puede prestar este servicio 24 horas al día y en todo Aragón".

   "Hay que dar cobertura en todo el territorio", ha insistido Luquin, quien se ha preguntado "qué ha podido variar" para que se externalice el servicio, expresando sus "dudas" de que una empresa pueda prestarlo "con los mismos parámetros de calidad" que los colegios de abogados.

   Ha dejado claro que los temas de mujer no son "una cosa complementaria" en la política de IU, una organización política "eminentemente feminista", por lo que ha exigido que las declaraciones del Gobierno de Aragón sobre este ámbito vayan acompañadas "de hechos y actuaciones".

   La diputada ha recordado que las Cortes han puesto en marcha, a iniciativa del grupo mixto (CHA-IU) una Comisión de estudio sobre la violencia machista "porque hay deficiencias" y "es necesario evaluar los servicios" que se prestan desde las distintas Administraciones.

    IU considera que si lo presta una empresa buscará el rendimiento económico, lo que los colegios de abogados no necesitan para garantizar la prestación del mismo.

"INCOHERENTE"

   La responsable de Igualdad de IU Aragón, Paloma Lafuente, vocal del Consejo Rector del IAM, ha manifestado su "sorpresa" por este anuncio y ha exigido a la directora del Instituto, Natalia Salvo, que dé explicaciones, recalcando que este servicio se presta desde hace dos décadas y es público.

   Lafuente ha dicho que tanto Salvo como la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, "son dos mujeres comprometidas con el grave problema de la violencia machista en todos sus niveles", pero les ha pedido que expliquen esta decisión, por considerarla "incoherente" con lo que ambas defienden.

   La dirigente de IU ha recordado que el anterior Gobierno sacó a concurso público la gestión de las tres casas de acogida de Zaragoza, Huesca y Teruel, y "tuvimos que decirle a la directora -del IAM_que no íbamos a permitir que se mercantilizara" este servicio público. Ha advertido de que "IU no va a pasar ni una" y reclamará al IAM que la asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia se preste "con la máxima calidad".