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Archivo - El Ayuntamiento de Canfranc planteó, inicialmente, la declaración de zonas tensionadas. - EUROPA PRESS - Archivo
ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha afirmado este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, que la ley estatal de vivienda "es lesiva y negativa" y ha insistido en que Aragón no declarará zonas tensionadas.
Sin embargo, ha comentado que el Departamento sí ha aplicado algunos articulos, como el 15, que permite utilizar suelos dotacionales para la promoción y construcción de vivienda.
"En régimen de alquiler asequible, el Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo importantísimo, son ya más de 3.700 las viviendas que tenemos en marcha y nuestro objetivo es de llegar a las 7.000 viviendas en esta legislatura".
El artículo 18, relativo a las zonas tensionadas, "no da solución al problema de los municipios que tienen más necesidades de vivienda", ha considerado López, recordando que es "discrecional" para las comunidades autónomas aplicarlo y el Gobierno de Aragón "ha entendido que no era necesaria su aplicación, primero porque Aragón no es Madrid, Barcelona ni Baleares, y segundo porque tenemos una alternativa", que "no es intervenir en el mercado", ni fiscalizarlo, ni tensionarlo, sino "incrementar la oferta de vivienda en los municipios a los que va más gente a prestar sus servicios, a realizar trabajos".
Ha realzado el plan del Gobierno de Aragón para atender las zonas turísticas, que afecta a 460.000 habitantes, indicando que se han construido viviendas en toda la Comunidad Autónoma con una inversión cercana a 90 millones de euros en 43 municipios, algunos de los cuáles habían preguntado al Ejecutivo si se iban a declarar zonas tensionadas.
López ha dicho que en Cataluña, donde sí se han declarado zonas tensionadas, parte de las viviendas han salido del mercado del alquiler y se han desplazado a otros mercados, añadiendo que el control de los precios puede deteriorar la calidad del parque del alquiler y se pueden encarecer los municipios vecinos.
En cuanto a los municipios aragoneses que han sugerido aplicar las declaraciones de zonas tensionadas, ha mencionado el caso de Canfranc (Huesca), que "retiró la solicitud cuando conoció el plan del Gobierno de Aragón". También lo solicitaron los ayuntamientos de Alpartir (Zaragoza), Sabiñán (Zaragoza) y Aínsa (Huesca), así como el de Biescas (Huesca), que suman 4.640 habitantes.
El Gobierno de España ha destinado menos de 29 euros por habitante para vivienda en los municipios donde hay declaradas zonas tensionadas, en Aragón serían 132.000 euros en total, y el Ejecutivo aragonés ha invertido 7,3 millones de euros en las localidades que las han planteado, ha obsevado Octavio López. "Eso sí que es una manera de solventar el problema grave de la necesidad de vivienda que tienen las personas que van a municipios en los que hay una especial incidencia".
"Nosotros estamos en contra de la declaración de zonas tensionadas porque no solventa ni soluciona los problemas de esos municipios, porque tenemos una propuesta alternativa muy sólida, que es el incremento de la oferta de vivienda pública en los mismos y porque, además, nos parecen irrisorias las cifras que el Gobierno de España entiende como prima a esa declaración de zona tensionada", ha zanjado el consejero.
ALQUILER ASEQUIBLE
En otro orden de cosas, el Gobierno de Aragón ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca de cuatro viviendas situadas en la avenida de la Autonomía, número 6, bloque 5, para destinarlas a fines de interés social de competencia municipal.
Las viviendas proceden del patrimonio del extinto Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón (ISVA) y tienen un valor conjunto de 240.105,99 euros,de acuerdo con el informe técnico de la Unidad Técnica de la Sección de Vivienda de Huesca.
El Ayuntamiento asumirá la rehabilitación de los inmuebles y, posteriormente, los pondrá a disposición de particulares en régimen de arrendamiento asequible. El expediente cuenta con los informes de la Intervención General y de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
