ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha expresado este lunes su intención de reunirse "lo antes posible" con el consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, para reclamar atención médica en la Comunidad catalana de los ciudadanos aragoneses.
Aragón y Cataluña tendrán que resolver el problema de atención médica a desplazados --aquellas personas que en el momento de estar enfermas se encuentran en Cataluña-- de forma bilateral, ya que esta atención está suscrita mediante convenio firmado en el año 2005 entre las dos autonomías, han explicado el consejero Oliván y el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, en declaraciones a los medios después de una reunión que han mantenido en el despacho del consejero en Zaragoza.
Esto se debe a que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno central sólo se ocupa de los casos de pacientes desviados, es decir, aquellas personas que son enviadas a recibir atención sanitaria a otras comunidades porque el servicio de Salud no cuenta con la técnica necesaria en la autonomía del paciente.
El acuerdo suscrito entre Cataluña y Aragón para desplazados pretende asegurar la atención de ciudadanos aragoneses en la comunidad vecina y viceversa, aunque no contiene ninguna compensación económica por ello. No obstante, sí establece "unos compromisos para atender en igualdad de condiciones", algo que "Cataluña está incumpliendo", ha matizado el consejero.
"Todas las comunidades están obligadas a atender a las personas desplazadas en las mismas condiciones que los de allí", ha subrayado Oliván, quien ha asegurado que el Gobierno de Aragón va a recoger todos los datos que tiene sobre la falta de atención sanitaria de aragoneses en Cataluña y enviarla al Ministerio para ver si "se puede actuar y requerir" a la Comunidad catalana el cumplimiento de "este derecho que tiene el ciudadano español".
El consejero de Salud aragonés ha reconocido que en Cataluña se atienden más pacientes aragoneses que al contrario, pero también ha manifestado que si no se cumple el convenio "se rescinde".
En lo que se refiere a personas derivadas, el denominado Fondo de Cohesión Territorial del Gobierno central paga a la Comunidad autónoma cierta cantidad de dinero por la atención que en otras comunidades no se puede proporcionar a la población, en el caso de Cataluña ha recibido 13 millones de euros del Estado en los últimos cuatro años por este tipo de atenciones a ciudadanos aragoneses.
LEY DE COHESIÓN
Por su parte, el director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, Francisco Valero, ha aclarado que se esta "abordando la problemática que puede estar surgiendo en la Franja" a través de "los principios básicos que tiene la Ley de Cohesión".
"Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir la prestación de los servicios sanitarios", ha afirmado Valero, quien ha reiterado que hay un convenio bilateral del 2005 que "Cataluña está incumpliendo".
Por ello, el Gobierno central se va a dirigir a la Generalitat de Cataluña para "escuchar la postura que tienen" y, si se confirma que están realizando una interpretación "no adecuada" del convenio entre comunidades, se realizará "un requerimiento formal a Cataluña que garantice los derechos, la garantía y la cohesión de nuestros ciudadanos".
ÉPOCA ESTIVAL
El director general de Ordenación Profesional y Cohesión del Sistema Nacional de Salud ha aclarado que "el problema de los desplazados surge fundamentalmente en época estival y ya se manifestó alguna problemática el año pasado".
Ante esta situación, Valero ha indicado que se creó en primavera una Comisión de Prestaciones promovida por un grupo de trabajo para "ver y analizar" la situación que se está produciendo y si "realmente hay quiebra de garantía" y que este trabajo se está "ultimando".
Valero también ha señalado que se están produciendo "interpretaciones distintas" por parte de los servicios de Salud de un derecho que "está muy claro en el artículo 4 de la Ley de Cohesión".
