ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica de Podemos, Violeta Barba, ha propuesto este jueves crear un registro de viviendas vacías para después estudiar la creación de un impuesto -incentivador, no recaudatorio--, así como articular un mecanismo para que el Gobierno de Aragón contabilice todos los desahucios.
Barba ha presentado, en rueda de prensa, una proposición no de ley, que se tramitará en la próxima sesión plenaria de las Cortes, en la que su grupo parlamentario insta a crear un registro de vivienda deshabitada en el que se incluyan las que sean propiedad de las entidades financieras para estudiar su incorporación a la Bolsa Pública de Vivienda.
En la iniciativa recomiendan, asimismo, poner en marcha un registro de vivienda protegida "que permita la transparencia y control" de las mismas facilitando el derecho de tanteo y retracto cuando cambien de titularidad, "en especial cuando los bancos o entidades financieras las hayan adquirido a través de un procedimiento de desahucio".
Además, Violeta Barba ha presentado una pregunta dirigida al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para conocer cuáles van a ser las medidas de su Departamento para tener conocimiento de los datos completos y actualizados de los procesos de lanzamiento o desahucio de primera vivienda para poder ofrecer así una alternativa habitacional real en el caso de que se produzcan.
Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha registrado en la cámara una solicitud de información dirigida al Departamento de Soro para saber cuál ha sido el número de Viviendas de Protección Oficial que han sido adquiridas por entidades bancarias en proceso de subasta, y sobre cuántas ha ejercitado el Gobierno de Aragón el derecho de tanteo y retracto.
"GIRO DE 180 GRADOS"
El objetivo de Podemos es que el Gobierno regional dé "un giro de 180 grados" en materia de vivienda para que esta se entienda como "un derecho básico".
Ha dicho que, según el INE, en Aragón podría haber más de 100.000 viviendas vacías, el 13 por ciento del total, lo que contrasta con la "situación de absoluta emergencia social", que exige "dar un paso más allá" con nuevas políticas. Lo primero es conocer cuántas viviendas hay vacías "sin ningún tipo de causa justa" y cuántas son propiedad de bancos y fondos buitre.
Respecto al impuesto sobre viviendas vacías, la parlamentaria ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que lo pondrá en marcha, y lo ha defendido porque "serviría como punta de lanza en la lucha contra la especulación", actuando como incentivo para tener un fondo público de vivienda para el alquiler social. Con este mecanismo, la Administración contaría con un mayor número de viviendas y los bancos las cederían para uso social.
Asimismo, Violeta Barba ha alertado de que los bancos han engrosado su bolsa de viviendas con VPO vendidas con un permiso especial de la Administración. "Nos encontramos con que no existe ningún tipo de registro", ha apuntado.
DESAHUCIOS "SILENCIOSOS"
Ha resaltado que en 2014 se ejecutaron 1.736 desahucios y en el primer trimestre de 2015 han sido 510, un 10,15 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. "No podemos esperar a que el Departamento -de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda_apruebe la anunciada ley, lo que tienen que hacer es actuar ya", ha aseverado Violeta Barba.
La diputada ha lamentado que, pese al compromiso adquirido por el PSOE en materia de desahucios en el Decálogo que dio pie a la investidura de Javier Lambán, a día de hoy no ha articulado un mecanismo que permita conocer el número real de desahucios.
"El Gobierno no conoce el número real de desahucios", la mayoría de los cuales "son silenciosos", ha dicho Barba, quien ha expuesto que solo se conocen los datos del informe anual del Consejo General del Poder Judicial y los que proporcionan las plataformas antidesahucios, a las que "solo llega un pequeño número".
Ha considerado que si hubiera vivienda social "suficiente" para que la Administración regional se hiciera cargo de los realojos, los afectados sí lo comunicarían.
Ha propuesto crear un mecanismo de coordinación con los juzgados de primera instancia o el turno de oficio de los colegios de abogados para que "de forma automática" lo comuniquen al Ejecutivo regional. La diputada ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que deje de hacer "brindis al sol" y tome medidas efectivas.