ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes, Mar Vaquero, y el portavoz de Universidad, Modesto Lobón, han registrado este lunes una queja ante el Justicia de Aragón en la que advierten de que la actual Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA) "es inconstitucional" porque "pisotea la libertad de enseñanza" en la Comunidad.
El PP se ha dirigido al Justiciazgo para expresar de nuevo su desacuerdo con la prohibición, impuesta por el Ejecutivo que preside Javier Lambán, de implantar nuevas enseñanzas de Grado a los centros universitarios privados de Aragón que ya se estén impartiendo en los campus de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina.
En declaraciones a los medios de comunicación, el diputado popular, Modesto Lobón, ha recordado que "llevamos varios meses batallando" con este tema, desde el momento en que el Gobierno aragonés "introdujo la cláusula de imposibilidad de duplicidad para las enseñanzas superiores privadas" y han presentado iniciativas parlamentarias para defender la libertad universitaria.
"Nosotros hemos pensado siempre que es inconstitucional y lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos presentado iniciativas en las Cortes, hemos pedido reiteradamente al Gobierno que rectifique y, al no rectificar, hemos presentado esta queja al Justicia" como "primer paso" para que se eleve a la Defensora del Pueblo y de allí llegue al Tribunal Constitucional.
Además, "nos parece obligado" plantear el problema ante el Justicia de Aragón "para recabar también su opinión, su ayuda y su consejo" y ha recalcado que "estamos dispuestos a dar todos los pasos que hagan falta con el fin de que llegue al Tribunal Constitucional".
Con la introducción de la prohibición de duplicidad en la implantación de grados en la LOSUA, este texto es "inconstitucional, porque pisotea la libertad de enseñanza, que nos parece una cuestión básica y fundamental", y la prohibición "es extremadamente grave", ha reiterado.
Ha recordado que la sentencia de la Audiencia Nacional, que todavía no es firme, mediante la que se resuelve inicialmente el recurso de la Comisión Nacional de la Competencia contra la prohibición de la duplicidad de titulaciones reintroducida por el Ejecutivo de Javier Lambán con la Orden de programación universitaria, que reforzó después al modificar la LOSUA a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2016, si bien Lobón ha observado que "es un asunto distinto", al insistir en que desean que el Constitucional se pronuncie sobre la ley.
"DIÁLOGO, NO IMPOSICIÓN"
Ha defendido la libertad de enseñanza y ha comentado que "las cosas se pueden resolver hablando o lo que sea, pero lo que no se puede es a base de pisotear la libertad de enseñanza".
Asimismo, ha estimado que "la competencia siempre es buena y la privada, sea la que sea, no tiene que vertebrar nada, no está para eso, está para cumplir sus fines y cualquier cosa que lo impida va contra la Constitución". Por tanto, ha concluido aseverando que en esta materia "debe haber diálogo para todo, pero diálogo, no imposición y por supuesto no pisotear la Constitución".
En el texto presentado ante el Justicia, el PP alude al artículo 49 de la Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad, que lleva por título 'Modificación de la Ley 5/2005 de 14 de junio de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón', en el que se hace referencia expresa a la prohibición de que se dupliquen enseñanzas que ya existen en la implantación de nuevos grados en los centros de educación superior privados de la Comunidad.
Según el PP, este texto "vulnera derechos amparados por la legislación nacional, por el derecho de la Unión Europea y por el conjunto de derechos fundamentales recogidos en la Constitución", así como establece "sin duda" una limitación discriminatoria entre universidades, "se supedita la autonomía académica entre universidades y se impone a todas luces una subordinación jerárquica, prohibiendo en la práctica que unas determinadas enseñanzas se puedan implantar en una universidad por razón de su titularidad".
Por ello, los populares afirman que se podría considerar inconstitucional este artículo y solicitan al Justicia que traslade la queja presentada a la Defensora del Pueblo para que pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad.
