ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Aragón ha debatido este jueves la convalidación del Decreto-Ley autonómico de modificación de la Ley del régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia de la COVID-19, que incluye nuevas medidas restrictivas. "Ha comenzado una nueva etapa" que requiere una "visión sosegada" para dar seguridad a las personas, ha dicho la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
El Decreto-Ley, que aprobó el Gobierno de Aragón el 7 de mayo --ya está en vigor--, se votará al final de la sesión y contiene un único artículo, que establece que en el nivel 3 de alerta sanitaria se restringe el número de personas agrupadas en el interior de establecimientos de hostelería y restauración a cuatro personas. Además, se suspenden las fiestas, verbenas, eventos y reuniones de peñas hasta el 31 de agosto.
Asimismo, quedan confinadas Jaca, Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro y Valdejalón, así como Calatayud, mientras que se levanta el confinamiento de Tarazona y el de Cinco Villas se realiza por zonas básicas de salud.
Repollés ha manifestado que "al concluir el estado de alarma las comunidades autónomas hemos asumido la gestión de la pandemia desde una posición principal, contando con nuestras propias herramientas", lo que exige "ser precavidos y proactivos".
"Las circunstancias han cambiado" con la campaña de vacunación, que ha reducido la mortalidad, también el número de ingresos hospitalarios, ha observado la consejera, a cuyo juicio esta nueva etapa es "más esperanzadora, más favorable, inestable, y requiere cierta contención y responsabilidad". Ha dejado claro que "la gestión de la pandemia es dinámica".
Este Decreto-Ley se añade a la Orden del Departamento --de la misma fecha-- que modula el nivel 3 de alerta ordinaria, de manera que la apertura de museos, salas de exposiciones, bibliotecas, ferias y espectáculos taurinos será con el 50 por ciento de aforo, el transporte público tendrá un cien por cien de aforo, y las bodas, bautizos y comuniones al 30 por cien en interior y 50 por cien en el exterior.
NO CREAR ALARMAS
La parlamentaria socialista Olvido Moratinos ha aseverado que el Gobierno de Aragón trabaja para proteger la salud de los ciudadanos "y no crear alarmas", yendo por delante en esta materia. Ha manifestado su orgullo por "contar con esta norma, que nos permite gestionar la pandemia con una base sólida y jurídicamente admitida".
La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, ha dicho que la ley que modifica el Decreto hoy convalidado es "inconstitucional" y que el Gobierno de España la podría haber recurrido por invasión de competencias, añadiendo que el Decreto-Ley "limita los derechos fundamentales".
La parlamentaria de Cs, Susana Gaspar, ha abogado por "garantizar la seguridad jurídica" y ha criticado la "incoherencia" normativa, que genera "caos" e impone restricciones en un momento en que el escenario es "nuevo y más esperanzador".
La diputada de Podemos Equo, Itxaso Cabrera, ha animado a "proteger más que nunca a la ciudadanía" y ha opinado que "el avance de la vacuna nos permite caminar en un nuevo tiempo" porque "se abre una esperanza". Ha vuelto a reclamar la liberalización de las patentes de las vacunas.
La parlamentaria de CHA, Isabel Lasobras, ha considerado que las comunidades autónomas deben establecer normas para contener la propagación del virus. "No podemos bajar la guardia", ha añadido Lasobras, quien ha apelado a la "prudencia" porque "la salud está por encima de cualquier cuestión".
También ha indicado que el incremento del ritmo de vacunación "nos va a ayudar" a crear un nuevo escenario, "totalmente diferente", puntualizando que la campaña "debe ir acompañada de restricciones". "Parece que poco a poco alcanzamos el final del túnel", ha agregado.
La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha dicho que "es necesaria esta regulación", expresando que "se abre una nueva etapa" al mejorar los datos "sustancialmente" gracias a la vacunación, aunque "la pandemia sigue presente".
En representación de VOX, Santiago Morón ha señalado que la suspensión de las fiestas patronales es, en realidad, "sine die, hasta que el Gobierno de Aragón estipule lo contrario". A su juicio, los cierres perimetrales han supuesto "un importante impacto negativo en la economía y una grave restricción de los derechos fundamentales, como la libre circulación o el derecho de reunión y manifestación". Ha avanzado que "la gobernanza compleja de Aragón -en esta cuestión-- pasará necesariamente por los tribunales".
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha defendido la capacidad de la comunidad autónoma de regular esta materia y ha aseverado que "la salud debe seguir guiando todas las decisiones que tengan que ver con lo cotidiano".