TERUEL, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a once personas, una de ellas una mujer, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, dentro de la denominada "Operación Pandereta-2". Los afectados, que recibían ofertas de trabajo inexistentes, podrían llegar al centenar. La principal zona de actuación de esta red era la Comarca del Bajo Aragón, en la provincia de Teruel. Además ha sido intervenida abundante documentación.
Las labores de investigación han sido llevadas a cabo por Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, que, bajo tutela de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcañiz y 2 de Teruel, han venido llevando a cabo unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel y efectivos de Alcañiz. Han contado con la colaboración con la Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación del Gobierno, Tesorería de la Seguridad Social y Cuerpo Nacional de Policía en Teruel.
Del análisis de la información que se estaba obteniendo en la operación "Pandereta", que permanecía hasta hace poco bajo secreto sumarial, la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para poder determinar que, independientemente de un delito contra la salud pública, se estaba cometiendo de forma continuada otro contra los derechos de los trabajadores, dándose lugar a una nueva línea de investigación, dentro de la misma operación, por las diferencias específicas de ambos delitos.
Las personas supuestamente implicadas en este delito --empresarios o intermediarios-- contactaban con los trabajadores en su país de origen y, previa entrega de cantidades que oscilaban entre los 6.000 y los 12.000 euros, que posteriormente se repartían entre ellos, les hacían entrega de una oferta de trabajo para que se personaran con ella en el Consulado al objeto del visado de su pasaporte y poder conseguir con ello la entrada en el territorio nacional.
Una vez en España, se les daba de alta en la Seguridad Social e iniciaban el trámite para regularizar su situación. Llevada a cabo, les daban de baja en el sistema, quedándose los trabajadores a su suerte.
Analizada la documentación y obtenidos los indicios suficientes para poder probar su supuesta participación en la comisión del delito, las dos primeras detenciones, B.B.E.I. de 44 años, marroquí nacionalizado español, y D.G.E., de 42 años, español, ambos vecinos de Alcañiz, se llevaron a cabo en esta localidad turolense el día 28 de febrero del presente año. También se ha practicado alguna detención en Alcorisa.
La Guardia Civil Se ha incautado de numerosa documentación de gran interés para la investigación --propuestas de trabajos para extranjeros, fotocopias compulsadas de pasaportes marroquíes, documentos de altas y bajas en la Seguridad Social--; un revólver artesanal y 52 proyectiles del calibre 22; y material informático.
Los miembros de la red incluso falsificaban sellos de empresas cuya actividad es completamente legal sin que tuvieran las mismas conocimiento de estos hechos.
Se ha tomado declaración a más de 14 personas, principalmente de nacionalidad marroquí, damnificadas por la comisión de este delito, considerándose que podrían superar el centenar las afectadas.
Asimismo se ha procedido a la entrada y registro en varios domicilios particulares y en dos gestorías, a través de las cuales se tramitaba supuestamente la documentación.
La red había creado más de una decena de empresas con el único fin de facilitar las ofertas de trabajo ilegales a los trabajadores, contando tan sólo domicilio fiscal, sin trabajadores fijos ni instalaciones que justifiquen su actividad.
La investigación continúa abierta y se está estudiando la documentación intervenida, pudiendo afectar las ramificaciones de la misma a varias provincias del territorio nacional. Las diligencias, detenidos y efectos incautados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
