UGT y CC.OO. entregan 3.000 firmas al Gobierno aragonés contra la privatización de los servicios sociales de Monegros

HUESCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CC.OO. han entregado hoy al Gobierno de Aragón las 3.000 firmas que las cien trabajadoras de los servicios sociales de los Monegros han recogido durante los pasados meses de agosto, septiembre y octubre contra la privatización de estos servicios en la comarca. Su propósito es que el Ejecutivo autónomo medie y defina el modelo social que quiere para Aragón.

El secretario Territorial FSP-UGT, José María Allué, aseguró que los Monegros es la primera comarca que en Aragón privatiza un servicio público. Allué explicó se ha privatizado la Fundación para la Acción Social de los Monegros, creada por la comarca para gestionar los servicios sociales, al pasar su patronato de una mayoría de representantes públicos a una mayoría privada.

De esta forma, el patronato que estaba formado por nueve miembros, seis de ellos representantes públicos, entre partidos políticos, el IASS y organizaciones sindicales, ha pasado a trece tras la incorporación de cuatro patronos de la Fundación Rey Ardid.

Los sindicatos han puesto sobre la mesa las consecuencias negativas que para las cien trabajadoras de estos servicios conlleva la privatización, ya que, según Allué "quieren imponer un convenio colectivo del sector privado" y esto supone "doscientas horas de trabajo más al año y una disminución del salario, cuando estas personas están cobrando novecientos euros".

El representante sindical de UGT ha dicho que "a pesar de los intentos por negociar", el equipo de gobierno de la comarca, formado por el PSOE y PAR "no ha respetado el derecho de los trabajadores a negociar sus condiciones de trabajo, ni a negociar esa decisión que nadie entiende de privatizar un servicio público tan fundamental como los servicios sociales".

Allué ha resaltado que "como no se han respetado estos derechos, las trabajadoras han ido puerta por puerta para recoger las 3.000 firmas, que hoy han entregado al Gobierno de Aragón, para que "medie en el conflicto" y defina el modelo social para Aragón.

Asimismo, ha apostillado que "un modelo social público es el que garantiza unos servicios públicos, garantiza que la atención a los mayores no depende de si se gana o no dinero, garantiza que los empleados que trabajan en esa administración entran con democracia e igualdad y no a dedo".