ZARAGOZA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Política Industrial y de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, y el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Aragón, Benito Carreras, han rechazado el anteproyecto de reforma la Ley de Mutuas porque supone la "privatización" parcial del sistema de la Seguridad Social y de la sanidad y afectará negativamente a los derechos de los trabajadores.
Así lo han afirmado en rueda de prensa, donde De las Morenas ha explicado que la nueva norma "permite la gestión directa por parte de las mutuas del control desde el primer día de la incapacidad transitoria --antes incapacidad temporal--, es decir, de las bajas, "cuando hasta ahora el marco de referencia estaba a partir del día 15", algo que supone "una privatización encubierta del sistema nacional de salud".
A su entender, el ámbito de las mutuas debe ser "la salud y las enfermedades profesionales y no el control y la gestión de la salud común de los trabajadores".
En este sentido, ha defendido que para la salud común de los trabajadores "se debe actuar bajo el criterio del sistema nacional de salud pública", donde "los profesionales y los médicos tienen su capacidad y su ámbito de gestión y no queremos que pasen a ser meros gestores administrativos", sino que "tienen que tener su capacidad de intervención".
Sin embargo, con la reforma, las mutuas van a poder "dar altas en la enfermedad común", tras una comunicación previa al médico de familia, que si en cinco días no responde, se entenderá como una respuesta positiva.
Esto va a implicar "un añadido a la carga de trabajo y a la falta de medios y recursos" de los facultativos y "pone en evidencia la capacidad de gestión del profesional sanitario y del médico de familia, que es el más cercano" al paciente.
PRESIÓN
El secretario de Política Industrial y de Salud Laboral de UGT Aragón ha comentado que "la presión de la gestión del ámbito privado va a primar el resultado económico en detrimento de la protección de la salud de los trabajadores", además de que "se pone bajo sospecha y se criminaliza al trabajador", dando una figura "de fiscal y policía" a las mutuas y dejando el dinero público "bajo un criterio economicista y mercantilista de una asociación empresarial como es una mutua de trabajadores".
De las Morenas ha sostenido que "el control tiene que estar donde estaba, que es bajo el sistema nacional de salud pública", para criticar que con la propuesta de modificación legislativa "la inspección médica pierde capacidades porque hay una transferencia de la gestión hacia la mutua".
Asimismo, ha pedido que los trabajadores puedan elegir qué mutua quieren tener como referente de asistencia y ha lamentado que se haya "ha hurtado a los agentes sociales la capacidad de discusión", de forma que el Gobierno central "usa la ley y su mayoría para dar un golpe de Estado contra los intereses de los trabajadores".
En este punto, ha recordado que hay votos particulares del Consejo Económico y Social "que dicen que la futura ley marca un camino de privatización, incluso atentando contra el artículo 41 de la Constitución", que indica que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.
El secretario de Salud Laboral de CC.OO. Aragón, Benito Carreras, ha deseado que en el trámite parlamentario se modifique el texto, que "debe ser consensuado" puesto que si no la reforma otorga un "papel predominante a las mutuas que se carga el sistema público de salud".
De no ser así, ha advertido de que la reforma vulnera el mandato contenido en el artículo 41 de la Carta Magna y sobre la posibilidad de movilizaciones ambos dirigentes sindicales han preferido esperar a ver qué ocurre en septiembre, si bien de las Morenas ha vaticinado que habrá un "otoño caliente".
PRONUNCIAMIENTO DE ARAGÓN
Carreras ha opinado que el Gobierno de Aragón "debería decir" que la modificación legal "va en línea diferente a lo que marca la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud y de los acuerdos que tenemos en el ámbito de la Comunidad autónoma" y ha enfatizado que tendría que "exigir más transparencia y control del dinero público".
En esta línea, ha apostado por que "el mundo del trabajo esté representado en los órganos de gobierno" de las mutuas, ya que son "entidades que manejan dinero público" y por la existencia de una comisión de control en las mutuas.
Por otra parte, ha comentado que con la reforma "se privatiza el sistema público de salud con la excusa de controlar el absentismo" laboral, cuando el 72 por ciento de los trabajadores "no hay cogido ni un día de baja". A su entender, se pretende "un control perverso" y "se culpabiliza al trabajador de su situación de Incapacidad Transitoria".
Por su parte, de las Morenas ha indicado que el 90 por ciento de las bajas de larga duración son validadas por el sistema nacional de salud pública lo que evidencia que "no hay una situación de prestación indebida", sino "una gestión adecuada por parte del sistema público de salud y así pretendemos que siga siendo".
Ambos representantes sindicales han expresado su rechazo al Real Decreto 625/2014 de 18 de julio de 2014 que regula algunos aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal en los primeros 365 días porque estiman que van en la misma línea privatizadora. Este texto entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
