UGT exige el cumplimiento de las ratios en las residencias de Aragón porque las trabajadoras están "al límite"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Aragón, Angélica Mazo, ha exigido este jueves al Gobierno de Jorge Azcón que aplique en la Comunidad la normativa estatal que mejora las ratios en las residencias de tercera edad porque las trabajadoras --la gran mayoría mujeres-- están "al límite", "agotadas, desesperadas y con muchas enfermedades".

Mazo se ha referido en rueda de prensa a la resolución del 28 de julio de 2022, tras un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que entre otras cuestiones recoge una mejora progresiva de las ratios.

Frente a ello, Aragón sigue aplicando un decreto de 1992, el más antiguo de los que se aplican actualmente en España, que establece una ratio de 0,30, es decir, 30 trabajadores por cada cien residentes, incluyendo todas las categorías profesionales --dirección, mantenimiento, limpieza, lavandería, fisioterapeutas, entre otras-- y todos los turnos.

"Esto es una barbaridad", ha remarcado la dirigente sindical, quien ha apuntado que la actual normativa estatal, que por primera vez marca unas ratios mínimas para todo el país, que aunque no es la solución definitiva para estos centros sí que es "muy importante". La ratio exigible quedó fijada en un primer momento en 0,31, pero únicamente de personal puericultor o cuidador, con un incremento de 0,02 anual hasta alcanzar el 0,43 en 2030. Hasta final de este año, está en un 0,33.

Las Comunidades Autónomas tenían de plazo para poner en marcha estas ratios hasta el 31 de diciembre de 2023, pero Aragón aún no lo ha hecho, a pesar de que la normativa es "directamente aplicable", ha asegurado Angélica Mazo.

De aplicarse, ha aseverado, ayudaría a reducir la presión asistencial y a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, en especial de las gericultores, que son las encargadas de la atención directa y las que asumen la mayor carga de trabajo, como levantar, acostar y movilizar a los residentes, con una enorme "carga física y psicológica" y que están "quemadas" y "sobrepasadas".

TODO SE HACE "CORRIENDO"

Todo se hace "al límite" y "corriendo", ha continuado, poniendo como ejemplo que estas empleadas "trabajan cronometradas" ya que tienen marcados tiempos de entre 7 y 8 minutos para levantar a los residentes o de 6 a 7 minutos para acostarlos, generando "carreras por acostar", y muchas empresas gestoras las sanciones si no los cumplen. "Se ponen muchas sanciones en este sector", ha asegurado. Además, cada una tiene entre 12 y 25 usuarios a su cargo. "12 ya es mucho; 25 es una barbaridad", ha añadido.

En este punto, la dirigente de UGT ha reivindicado una mejora de las condiciones laborales en este sector, ya que la población no deja de envejecer y que muchas de estas trabajadoras "no aguantan" y se van a otros sectores con una carga de trabajo "no tan fuerte" física y psicológicamente.

Por ejemplo, las empresas tienen muy complicado encontrar enfermeras, dado que la gran mayoría prefiere ir a la sanidad pública, o que el 42% de las cuidadoras está en riesgo de padecer el síndrome de 'Burnout' --el del trabajador quemado--.

Todo ello, unido a que las trabajadoras cada vez son más mayores --las jóvenes raramente optan por este sector-- ha desencadenado que las bajas no dejen de aumentar: de un 8,7% en 2023 a entre el 10 y el 11% este año, ha indicado Mazo, a pesar de que "las trabajadoras aguantan muchísimo". De ellas, alrededor del 10% se atribuyen a depresión y estrés y hasta el 30% están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos derivados de los esfuerzos repetitivos.

Además, cuando se dan bajas, las empresas tienen dificultades para encontrar sustitutas ya que se trata de contratos "que no sabes si vas a estar un día o un mes", ha agregado, subrayando que la rotación de personal es alta y que "no se terminan de estabilizar las plantillas".

MEJORA DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA

Mazo ha criticado la "indiferencia institucional" y ha advertido de que "no podemos seguir así" con un sector esencial al que "nadie quiere ir a trabajar".

Para hacer frente a esta situación, ha defendido que necesariamente se debe mejorar la financiación pública en esta materia para tener una atención de calidad porque "no podemos tener unas residencias de bajo coste" y "todas las personas nos hacemos mayores".

"No puede seguir siendo un negocio", ha recalcado la también vicesecretaria general de UGT Aragón, quien ha defendido las residencias de tercera edad como "un servicio esencial y comunitario". Ha señalado también que "continuamente" se están construyendo nuevos centros y "cada vez más grandes", pese a la normativa estatal. "Si no hubiera dinero, no se harían", ha apostillado.

La resolución tras el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia plantea también diversas cuestiones como un enfoque hacia la persona o pasar de los "mamotretos" a centros más pequeños, con mayor interacción con los usuarios y una atención personalizada, como parte de un cambio de modelo hacia el que se debe caminar.

"PRESIÓN" DE LAS EMPRESAS GESTORAS

Sobre la no aplicación de estas medidas en Aragón, Mazo ha considerado que se debe a que las empresas gestoras de las residencias hacen "presión" para que no se cumplan y así salvaguardar sus beneficios.

A ello ha sumado que las trabajadoras en las zonas rurales están "muy abandonadas" y acaban ejerciendo de "chicas para todo", por lo que ha reclamado más inspecciones sobre las condiciones laborales en las residencias. Cuando se producen, los inspectores les dan la razón, ha afirmado, pero después estas empleadas sufren "presión" por parte de las empresas gestoras y eso les desincentiva para denunciar.

La representante de UGT ha aludido también a las listas de espera para la valoración y resolución de dependencia y para la asignación de plaza en una residencia. En este último caso, la demora alcanza el año y medio, lo que demuestra que el número de plazas públicas y concertadas es "muy insuficiente".

La provincia de Zaragoza aglutina cerca del 80% de estas solicitudes pendientes, alrededor de 6.000, seguida de Huesca con 900 y Teruel con 600, aproximadamente.

Aragón cuenta con alrededor de 500 residencias de gestión privada, seis de ellas eran públicas y han sido externalizadas, mientras que sólo cuatro son de titularidad y gestión pública.