Archivo - El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez - ZEC - Archivo
ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha criticado que la Gerencia de Urbanismo de este lunes ha llevado el expediente para conceder la prórroga del inicio de las obras de la licencia ambiental de actividad clasificada y de la licencia urbanística del parque fotovoltaico 'Santa Marta II', pese a las advertencias técnicas. Una prórroga permitiría ampliar el plazo para la construcción del parque hasta el año 2027, evitando así la caducidad de la licencia.
La prórroga de la licencia que ahora se plantea "no es obligatoria", ha precisado ZeC, sino que es un derecho potestativo de la administración, que puede concederse o denegarse. Por tanto, la Gerencia tiene la capacidad y la responsabilidad de "denegar esta prórroga o retirar el expediente", ha aclarado Domínguez.
El concejal de ZeC ha solicitado la retirada del expediente, "con la actual situación de cuestionamiento de la tramitación de los parques de renovables en Aragón y en particular las últimas denuncias por la irregularidades en el INAGA que ha ratificado la Cámara de Cuentas de Aragón en su último informe tienen la suficiente entidad como instar la retirada".
Esta situación exige la "máxima cautela" a los miembros de la gerencia, donde debe operar el principio de prudencia cuando está en juego como en este caso el medioambiente de Zaragoza, ha expuesto Domínguez.
MOCIÓN
Al respecto, ha recordado que defenderá una moción en el pleno solicitando la revisión de las licencias, mientras que en la gerencia de este lunes gobierno del PP "no sólo no han permitido la retirada del expediente si no que han votado a favor de esta prórroga de la licencia", ha lamentado.
"Esta situación --ha rememorado Domínguez-- viene de lejos cuando el PP con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha estado actuando como colaborador necesario en posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones para proyectos de parques renovables en Aragón".
A su parecer, el caso del parque fotovoltaico 'Santa Marta II' es "especialmente grave y ejemplifica un modelo de tramitación lleno de sombras, advertencias técnicas ignoradas y posibles prácticas especulativas".
En este expediente, los técnicos municipales de la Unidad de Conservación del Medio Natural del Ayuntamiento de Zaragoza ya advirtieron expresamente de un posible fraccionamiento de proyectos de los parques "Santa Marta I" y "Santa Marta II, al concluir que "se trata del fraccionamiento de una instalación que debería tramitarse como un único proyecto", y así lo trasladó en su informe al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
"SE ASEMEJA A FORESTALIA"
No obstante, esta advertencia el INAGA "no la atendió en la resolución que acordó no someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y tan solo emite el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica y que el Ayuntamiento de Zaragoza no recurrió ignorando advertencias claras y documentadas de sus propios técnicos municipales", ha expuesto Domínguez.
Una práctica la de los fraccionamientos de proyectos que están llevando a cabo los "especuladores" de las renovables para "evitar" superar el umbral de 50 megavatios, límite a partir del cual los permisos deben tramitarse ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En este caso, ambos proyectos suman 54,59 megavatios, lo que "refuerza las sospechas" de que se trata de una única instalación "artificialmente" dividida para facilitar su aprobación administrativa, ha observado Domínguez.
Además, se trata de una solicitud presentada por una empresa, Enerland Solar 21 S.L. que si se analiza quién está detrás de esta sociedad, se comprueba que se trata de "administradores únicos que controlan decenas de empresas, un 'modus operandi' que recuerda claramente a otros casos como el de Forestalia, y que según las últimas investigaciones apunta a "posibles tratos de favor también con otras empresas del sector", ha colegido.
GRAVES AFECCIONES AMBIENTALES
Este proyecto también ha sido objeto de alegaciones por parte de numerosas entidades ambientales, entre ellas la Fundación Ecología y Desarrollo; Ecologistas en Acción; Ecofontaneros; Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR); Acción Verde Aragonesa; Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife); y Asociación Española para la Conservación y Estudios de Murciélagos (SECEMU).
Todas ellas han alertado de graves afecciones ambientales, agravadas por la existencia del parque contiguo Santa Marta I. El propio informe del INAGA reconoce la sensibilidad ambiental del entorno, situado cerca de dos lagunas --Ojo del Cura y Ojo del Fraile-- incluidas en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón como lagunas saladas permanentes.
Asimismo, se recoge la presencia en la zona de especies protegidas según el Inventario Español de Especies Terrestres y el Catálogo de Especies Amenazadas.
Asimismo, en el informe del INAGA se reconocen afecciones a la fauna, especialmente para especies protegidas por la pérdida de hábitat de reproducción, alimentación y descanso, derivadas de la transformación de un sistema agrario tradicional en un suelo industrial y el movimiento de tierras. Por otro lado, no hace mención a las valoración de estas afecciones por parte de las entidades ecologistas, que las consideran muy graves.
Para ZeC es "especialmente grave" que el estudio de impacto ambiental se haya aprobado sin incorporar un estudio de avifauna que abarque un ciclo anual completo, tal y como reconoce expresamente el propio INAGA. Tampoco se contempla seguimiento de fauna durante la fase de explotación.
A juicio de Suso Domínguez este caso "confirma punto por punto las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre el funcionamiento del INAGA, que cuestiona su capacidad para garantizar la defensa de los intereses medioambientales y alerta de irregularidades reiteradas en su funcionamiento".
ADVERTENCIA POLÍTICA Y JURÍDICA
Desde ZeC han advertido claramente que el Gobierno de Zaragoza, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca; con el apoyo de Vox "están siendo cómplices de esta trama especulativa".
El Ayuntamiento de Zaragoza "no puede seguir siendo colaborador necesario en el expolio del territorio" por lo que Domínguez ha avanzado que ZeC estudiará acudir a la Fiscalía para que investigue las posibles irregularidades en la tramitación de este proyecto.