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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
ANPE Asturias ha denunciado este miércoles que "el 47% de los centros educativos asturianos con vacante carecen de dirección para el próximo curso escolar 2025-2026" y ha instado a la Consejería de Educación a que adopte medidas urgentes para que todos cuenten con equipos directivos estables, motivados y respaldados por la Administración.
La Consejería de Educación ha publicado la relación provisional de admitidos para el concurso de méritos destinado a cubrir puestos de dirección en centros públicos para el próximo curso y, según ha detallado ANPE a través de una nota de prensa, "de los 95 centros que ofertaban el puesto de dirección vacante, solo 50 personas optan a presentar proyecto".
"Esto significa que el 47% de los centros educativos que tenían vacante el puesto de dirección, continuarán sin el cargo asignado para el próximo curso, una cifra que evidencia la gravedad del problema al que se enfrenta la red pública de centros educativos en Asturias", han indicado el sindicato.
ANPE ha recordado que alertó en un reciente estudio sobre "lo poco atractivas" que resultan las plazas de dirección de los centros educativos y que "los docentes rechazan ocupar ante la enorme responsabilidad, carga burocrática y escaso reconocimiento administrativo y económico por parte de la Consejería".
El sindicato ha lamentado que la Consejería, a pesar de conocer esta realidad, siga sin abordar su propuesta sindical para incentivar adecuadamente estos puestos "fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema educativo". Este problema, ha recalcado ANPE, "no se circunscribe a la actual convocatoria para colegios e institutos, conservatorio... sino que se extiende también a los centros de 0-3, siendo habitual tener que recurrir a nombramientos forzosos, incluso al personal interino, cuya ocupación del destino se limita a un curso, agravando la ausencia de continuidad de los proyectos directivos y pedagógicos de los centros".
Por ello, el sindicato ha reclamado una revisión "profunda" de las condiciones laborales y retributivas de los equipos directivos, la reducción de la carga burocrática y la dotación de mayor autonomía y recursos, así como "el reconocimiento real de la función directiva como motor de mejora de la educación pública".