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OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato ANPE Asturias ha solicitado al Gobierno del Principado de Asturias la recuperación de las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus empleados públicos, suspendida desde 2012, ya que "contraviene el espíritu de la nueva legislación sobre previsión social", según la organización.
Según han explicado desde ANPE, la petición se formaliza en el marco de la reunión celebrada este lunes por la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Principado de Asturias.
Explican que el marco normativo actual, establecido por la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, está diseñado precisamente para incentivar la participación de las empresas (en este caso, de la Administración).
Según ANPE, la citada ley redujo el límite de aportación individual deducible en el IRPF a 1.500 euros anuales (frente a los 8.000 euros de 2020), con el objetivo expreso de incrementar el límite conjunto de aportaciones hasta los 10.000 euros anuales cuando la parte promotora (la Administración) contribuye.
"El Gobierno asturiano lleva desde 2012 sin realizar aportaciones a los planes de los empleados públicos, sin que haya modificado su criterio a pesar de las constantes peticiones de los representantes. Esta inacción no sólo reduce drásticamente el incentivo fiscal para los trabajadores, sino que ignora la finalidad del nuevo marco normativo", ha dicho el responsable de Finanzas de ANPE Asturias, César González.
La organización subraya, además, la "paradoja" que se da dentro de la propia Administración, dado que la Junta General del Principado de Asturias sí realiza aportaciones a su plan de pensiones para sus funcionarios, mientras el resto de empleados públicos del Principado quedan excluidos de esta aportación.
El sindicato destaca además que el Plan de Pensiones "ha demostrado claramente su eficiencia como instrumento de ahorro, con una rentabilidad del 6,45% desde el 1 de enero pasado, gracias a la fuerte apreciación de la Renta Variable en 2025, a la que la cartera tiene una exposición del 30%".
ANPE exige igualdad de trato y reactivación de las aportaciones de la Administración para que todos los empleados públicos del Principado de Asturias puedan beneficiarse "de la rentabilidad constatada y de las plenas ventajas fiscales que ofrece el nuevo marco normativo".
Así las cosas, ANPE denuncia la "flagrante discriminación" del Principado, que "establece sin rubor categorías vergonzantes de empleados públicos, diferenciando al conjunto de empleados del Principado, que no reciben aportaciones, frente a los funcionarios de la Junta General, que sí las reciben".