Aprobado el proyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales

La consejera de SErvicios y DErechos Sociales, Pilar Varela
EUROPA PRESS
Publicado 14/11/2018 14:25:32CET

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad, tales como el Salario Social, las ayudas al alquiler o a la pobreza infantil.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha explicado que la norma persigue ofrecer una respuesta "más ágil y coordinada por parte de las administraciones".

El texto legal pretende "consolidar y mejorar" el salario social básico, para lo que incluye medidas dirigidas a agilizar la prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la renta mínima.

Además, recoge complementos vitales para atender de manera diferenciada las nuevas necesidades, al tiempo que plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para quienes viven solos.

La consejera ha señalado que esta norma es fruto del compromiso de investidura con IU en el que Gobierno y el resto de agentes implicados llevan trabajando "más de un año". Esta ley, ha explicado, derogaría la del Salario Social Básico, planteando avances en al gestión y dando respuesta a las nuevas necesidades sociales. "Era una evidencia q necesitábamos integrar todas las ayudas para las personas con mayores necesidades", ha señalado.

Con este nuevo texto, el salario social "saldrá reforzado, remodelado, actualizado y simplificado", además de incorporar complementos vitales relacionados con vivienda, menores y las personas con discapacidad o dependencia en la unidad económica de convivencia. En cuanto a los menores, la ley no precisa la cuantía del complemento, sino que serán los presupuestos de cada año los que lo determinarán.

Además, las personas con pensiones no contributivas que reciban prestaciones por debajo del Salario Social Básico, verán su pensión complementada hasta el modulo básico del salario social sin necesitar ser demandante de las dos ayudas.

Por otro lado, se coordinarán la ayuda de Salario Social y ayuda al alquiler, de manera que los 1.800 perceptores del SSB que solicitan también ayudas al alquiler, ya no tendrán que solicitar esta segunda prestación, sino que recibirán un complemento en su nómina mensual.

Actualmente Asturias se mantiene como la comunidad del régimen general con mayor cobertura de la renta mínima, con 22.585 familias beneficiarias a finales de septiembre. De ellas, 8.095 (35%) tienen menores a cargo, 3.595 (17%) cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad o dependencia, y otro 8% dispone de ayuda al alquiler. Asimismo, cobran el salario social 1.700 perceptores de pensiones no contributivas que viven solos. Todos ellos pasarían a beneficiarse de los nuevos complementos vitales, lo que implicará menos cargas administrativas y mayor agilidad en el acceso a la prestación.

Por otro lado, la futura ley trata de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar y recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas de manera directa.

Además, el texto garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la población infantil, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.

Desde el punto de vista de la gestión, aspira a aumentar la agilidad en la concesión de prestaciones mediante la homogeneización de conceptos, el establecimiento de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios y la modernización de procedimientos. En este sentido, prevé el uso de herramientas como la declaración responsable, la tramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las subvenciones o la administración electrónica.

124 MILLONES PARA EL SALARIO SOCIAL EN 2019

La consejera ha explicado además que para el presupuesto de 2019 su departamento baraja una partida que ronda los 124 millones de euros para el Salario Social Básico.

"Es lo que estimamos que requerirá la prestación en el próximo ejercicio", ha explicado, tomando como base las necesidades del presente año. Sobre el Salario Social, Varela ha celebrado que están descendiendo las solicitudes en los últimos meses.

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