Del Arco rechaza la utiliación de experiencias personales para fomentar el debate político sobre los centros de menores

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha manifestado este jueves en sede parlamentaria que "jamás va a utilizar experiencias personales en el debate público político" y lo ha hecho después de que Vox haya llamado a comaparecer a tres madres cuyos hijos permanecen o permanecieron en centros de menores de la Administración.

Las tres comparecientes, representantes de la Asociación Tutela Bajo Sospecha, que aun se está constituyendo, han sido muy críticas con la gestión de los centros de menores por parte del Principado, con acusaciones hacía los propios trabajadores de los centros y hacia la Administración. Únicamente las parlamentarias de Vox, Sara Álvarez Rouco --proponente de la comparecencia-- y la del PP, Beatriz Polledo, han realizado preguntas a las comparecientes.

La "falta de comida en los centros, el robo de niños, la manipulación de las cámaras de seguridad por parte de la Administración o la suspensión de visitas", fueron sólo algunas de las cuestiones denunciadas por las tres intervinientes.

Tras estas comparecencias y ante la pregunta de la diputada de Vox a la consejera sobre esta supuesta situación de los centros de menores, Del Arco ha recordado a la parlamentaria que "la tutela administrativa de un menor no es una decisión ni ideológica ni discrecional, sino una obligación legal que se activa exclusivamente cuando existe una situación de desamparo, tal y como establece el artículo 172 del Código Civil y la ley 196 de protección jurídica del menor".

"No lo pierda de vista", ha replicado Del Arco a la diputada de Vox, a la que ha recordado que "las decisiones adoptadas por la consejería a través de la Dirección General de Infancia y Familias tienen fundamento técnico fundado, empírico y el acuerdo de un órgano colegiado, que es la Comisión del Menor".

"Las medidas y todas las decisiones que adopta la consejería, la Dirección General, se adoptan por resolución administrativa motivada que puede ser recurrida judicialmente. Son notificadas a las personas interesadas, incluidas los menores, y a la Fiscalía de Menores, que es el órgano que tiene el control y la inspección sobre el sistema de protección de los menores", explicó Del Arco.

En este sentido la consejera ha manifestado que "todas las resoluciones pueden ser recurridas judicialmente, en primera instancia a los juzgados de familia y apeladas en la Audiencia Provincial" y de hecho se recurren el 97% de las sentencias. En el 95% la sentencia es favorable a la Consejería.

Pero además ha recordado que las medidas adoptadas no son medidas permanentes, son siempre revisables. "Ninguna tutela es permanente. Son todas revisables, la ley lo indica, tres meses y seis meses en función de la edad, en función de la evolución del caso y de los compromisos de las personas, compromisos de mejora, para los que se ponen programas de apoyo, como el de reunificación familiar, que ya le he explicado en reiteradas ocasiones, o el de apoyo. Las medidas las supervisa en todos los casos, insisto, en todos, absolutamente en todos", insistió la consejera ante las críticas de Vox.

Por su parte la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha indicado que "para los que viven ajenos a la realidad de la tutela, la creencia generalizada, es que el Principado de Asturias garantiza el bienestar, garantiza la seguridad y también el desarrollo del menor y eso no es así".

"Cuando se profundiza mínimamente tanto en el entorno de las familias como en el que manifiestan los menores, la realidad no tiene ningún parecido con lo que se considera que está pasando", dijo la Parlamentaria de Vox, que ha reclamado "explicaciones" a la consejera sobre una realidad diaria de "abandono de menores".