Asociaciones de consumidores asturianas piden mayor concreción en el régimen sancionador de la nueva ley de consumo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de consumidores asturianas UCE y Facua han pedido este lunes una mayor concreción en el régimen sancionador de la futura ley de 'Protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias de Asturias', que está debatiéndose en la Junta General.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria sobre la norma, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha explicado que sancionar y a la vez reparar el daño a los consumidores "sería la conquista necesaria" de esta normativa, ya que actualmente "no existen mecanismos eficaces para resolver conflictos". A su juicio, el arbitraje de consumo es "un auténtico fracaso".

En la misma línea, el representante de Facua Jesús Gómez ha aplaudido la "voluntad política" que aprecia en el texto normativo para aplicar el régimen sancionador y que los expedientes incorporen daños y perjuicios a las víctimas que hasta ahora no se contemplaban.

Gómez también ha manifestado la necesidad de que en esta normativa se introduzca una regulación de la obsolescencia programada de los productos, obligando a las empresas a informar de su vida útil de una manera similar a las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, a fin de favorecer la libre elección de los consumidores.

Desde la Unión de Comerciantes de Asturias, su asesora Carmen Moreno ha puesto el foco en la necesidad de dotar de seguridad jurídica la norma, en lo referido a pymes y micropymes y ha alertado de "vaguedades" en la terminología empleada en el texto. Se ha referido al término de consumidor vulnerable, la obsolescencia prematura o la voluntad legislativa de "desincentivar el consumo innecesario". En este punto, ha señalado que la Unión de Consumidores "no ve la forma en la que la Administración Pública va a decir qué es necesario o no".

También ha apreciado "inseguridad jurídica" en la normativa el secretario general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Marcos Casado, quien ha subrayado que la indefinición de algunos conceptos del proyecto de ley son los responsables de esa inseguridad jurídica. Se refiere sobretodo a términos como "prácticas de ocultación, ambigüedad, diseño manipulativo o consumo innecesario". Todos ellos, ha dicho, "son elementos que pueden estar en la conciencia de los ciudadanos", pero desde el punto de vista jurídico "deberían estar bien definidos".

Desde la Federación Asturiana de Empresarios, el responsable de apoyo corporativo, Ignacio García, ha pedido a los parlamentarios que piensen en los 60.000 pequeños empresarios y autónomos de Asturias a la hora de elaborar la norma, ya que puede resultar complicada de aplicar para aquellas empresas con menos de diez trabajadores. Además, ha señalado que este anteproyecto "está destinado a desarrollar una normativa básica que debería esperar a que se desarrolle por quien tiene las competencias para hacerlo", que es el Estado.

LA NUEVA LEY

El parlamento asturiano acoge este lunes las comparecencias informativas sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, una norma que el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, calificó como una regulación que sirve para "atajar situaciones no deseadas, compras no deseadas o prácticas comerciales invasivas hacia la población".

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la actualización del régimen sancionador. Hasta ahora, la Administración autonómica se veía obligada a recurrir a la legislación estatal ante las cuantías obsoletas fijadas en la norma de 2002. Con la nueva normativa, las sanciones se actualizan para evitar que el daño al consumidor resulte rentable. En este sentido, se prevén multas de 150 a 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a 1.000.000 para aquellas muy graves.

Además, el proyecto de ley incluye una cláusula excepcional de cuantía superior cuando la infracción, por su envergadura, produzca una alteración social grave, origine un riesgo para la salud o seguridad, o afecte a un gran número de personas. En estos casos, la sanción podrá superar el millón y superar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.

La norma se adapta al entorno digital y va en la línea del Pacto Verde Europeo y de la economía circular. Así, el texto introduce el concepto de derecho a la reparación y mejora los periodos de garantía.

Introduce además la figura de la persona consumidora vulnerable y otorga una protección reforzada a quienes, por su edad, discapacidad, nivel de renta o brecha digital, se encuentran en una posición de inferioridad en el mercado.