Asturias avanza en la persecución de alojamientos ilegales: conectará su base de datos con el Colegio de Registradores

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha suscrito un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España para controlar mejor la actividad de las viviendas destinadas a uso turístico y detectar con más rapidez aquellos alojamientos que funcionan al margen de la normativa.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este acuerdo crea un canal electrónico seguro de intercambio de información entre ambas instituciones que permitirá comprobar de forma más ágil la situación registral de cada vivienda y cruzar los datos del Número de Registro de Alquiler (NRA) con la información del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) del Principado.

La vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha destacado que este acuerdo "supone un avance más en la capacidad de inspección del Principado y en la defensa de un turismo ordenado, responsable y sostenible". A su juicio, esta medida ayudará a "reforzar el trabajo contra las prácticas irregulares que perjudican tanto al sector como a la ciudadanía". Con su puesta en marcha, el Principado refuerza su compromiso con el control de los establecimientos irregulares, uno de los principales retos señalados por el sector y por las instituciones europeas.

La interoperabilidad entre registros facilitará la identificación de viviendas no inscritas o con información desactualizada y agilizará la tramitación de bajas, cambios de titularidad o situaciones que impidan el ejercicio de la actividad turística. Esto permitirá a la Administración actuar con mayor eficacia y seguridad jurídica.

El sistema funcionará mediante una comunicación automatizada, máquina a máquina, y garantizará la protección de datos y la trazabilidad de todas las operaciones. El Colegio de Registradores validará, cuando proceda, la existencia de título habilitante urbanístico conforme a la normativa municipal.

El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y no supone contraprestación económica entre las partes.