OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, señaló hoy en rueda de prensa que Asturias es de las comunidades autónomas en las que más ha bajado el acoso escolar en los últimos años con un descenso del 42 por ciento en el número de denuncias respecto al curso 2007/2008.
Riopedre expuso estos datos en una rueda de prensa con motivo de la firma de un convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACAE).
La presidenta de la ACAE, Encarna García, destacó que el convenio es continuación del anterior y ha conseguido que en Asturias se haya producido un "descenso fulminante" del acoso.
"Una de las cosas que también nos preocupa desde la Asociación es el ciberacoso que está cobrando mucha fuerza en los últimos tiempos", manifestó García y afirmó que los culpables son los padres que deben controlar el tiempo que pasan los menores conectados y vigilar los contenidos a los que acceden.
Para el consejero de Educación y Ciencia el convenio es "muy satisfactorio", ya que Asturias es donde más ha bajado el acoso escolar en los últimos años. "El acoso existió siempre y es muy difícil que desaparezca pero con convenios así podemos seguir descendiendo el número de denuncias", añadió Riopedre.
Durante este curso se registraron 22 denuncias frente a las 38 del curso anterior. Según el consejero una de las cosas a tener en cuenta de este descenso es que las denuncias "vienen de donde deben venir" de las familias y de los centros y no de la comisión escolarización.
"Se trata de un convenio de gran interés educativo y poco coste económico con una subvención de 5.000 euros", explicó Riopedre y añadió que los elementos fundamentales del convenio son "el buen funcionamiento", la aprobación del decreto de derechos y deberes de los alumnos y el apoyo de la ACAE sirviendo de puente entre centro y familias.
La Consejería de Educación firmó en el año 2006 un acuerdo social para la mejora de la convivencia escolar con una treintena de organizaciones. El documento tuvo importantes consecuencias, como la aprobación en 2007 del Decreto de Derechos y Deberes, que obliga a cada centro a elaborar un Plan Integral de Convivencia.
El Plan incluye un diagnóstico del estado de la convivencia y establece unas normas generales, un plan de reuniones y medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver posibles conflictos. Cada año, a finales de curso, se elabora una memoria del proyecto.
Además, cada centro educativo configura una Comisión de Convivencia encargada de canalizar todas las iniciativas que permitan mejorar el ambiente escolar, desarrollar iniciativas contra la discriminación del alumnado y evaluar el cumplimiento de las correcciones educativas impuestas.
