SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cantabria juzga este lunes, a partir de las 9.30 horas, a tres acusados de hacerse pasar ante una empresaria que los contrató por gestores económicos y finacieros cuando carecían de "todo tipo de titulación académica" para ello y estafarla, hechos por los que el fiscal pide un total de nueve años de prisión.
A dos de los acusados, a JA.B.F. y JJ.V.P, el fiscal les considera autores de sendos delitos de intrusismo y de otros tantos de estafa, mientras que a la tercera, I.D.P., le acusa únicamente del delito de estafa.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre junio de 2011, la empresaria que ha resultado afectada entabló relaciones comerciales con la empresa de la que eran socios JA.B.F. y JJ.V.P. para ser asesorada en lo que precisaba para poner en marcha la explotación de un hotel en una población cercana a Llanes (Asturias).
El fiscal sostiene en su escrito que estos dos acusados se presentaron "aparentando dedicarse a actividades inmobiliarias, económico-financieras y de gestión, cuando lo cierto" es que "carecían de todo tipo de titulación académica para las mismas".
Según el fiscal, daban una imagen de "solvencia y profesionalidad" ya que su empresa estaba inscrita la sociedad, existría despacho abierto y operaban en el mercado realizando este tipo de actuaciones".
Durante el desarrollo de la relación establecida, colocaron como prestadora de dichos servicios a una mercantil de gestión de negocios de la que era administradora única la otra acusada, I.D.P., que tenía una "absoluta falta de conocimiento" en la materia.
El fiscal señala que esa gestoría, "controlada en la práctica" por JA.B.F. y JJ.V.P. pero de la que era administradora la otra acusaba, expidió facturas que "no reunían los requisito legalmente exigibles", no presentó las cuentas del ejericio 2008; hizo "mal" la devolución del IVA, lo mismo que "dedicciones indebidas" en el IRPF, lo que, tras la regularización supuso unos intereses de demora de casi 4.500 euros que la empresaria perjudicada tuvo que pagar a Hacienda.
Por su parte, los acusados, actuando a través de la empresa de la que eran socios JA.B.F. y JJ.V.P facturaron honorarios, a juicio del fiscal, "absolutamente abusivos e indebidos" que llegaron a los 16.800 euros y que, en ocasiones, se cobraban actuaciones realizadas que no eran "ni necesarias ni obedecían a ningún interés", "aprovechándose en todo momento de la confianza y buena fe de la cliente", que las pagó sin reclamar.
Además, y según el fiscal "no colmados" con estos hechos, le ofrecieron a la empresaria gestionarle 70.000 euros procedentes por la venta de los inmuebles que estaba llevando a cabo para poner en marcha el hotel.
Le prometieron que iban a invertir ese dinero en valores con los que obtendría un beneficio "superior" que los que ofrecían otras entidades convencionales. La empresaria, "confiando en la veracidad de la oferta", les entregó los 70.000 euros en dos pagos.
A cambio, los acusados le entregaron pagarés que, supuestamente, le serían abonados a su vencimiento con la cantidad entregada más intereses. Sin embargo, cuando llegó el momento del cobro, y como --dice el fiscal-- ya lo tenían "previamente maquinado" los pagarés fueron impagados y la inversora perdió todo el dinero, que fue dispuesto por los acusados en su propio beneficia.
Por estos hechos, además de la pena de cárcel, el fiscal pide para JA.B.F. y JJ.V.P una multa de 2.700 euros y una indemnización conjunta y solidaria para la perjudicada de 86.800 euros que le cobraron por sus honorarios y por lo que, según el fiscal, le estafaron. A la otra acusada le reclama casi 4.500 euros de indemnización.
LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Por su parte, la acusación particular eleva las penas y reclama que se imponga a JJ.V.P. seis años y nueve meses de cárcel y una multa de 3.960 euros; lo mismo que a JA.B.F., así como su inhabilitación profesional para administrar bienes ajenos o a cualquier persona física o jurñidica.
Respecto a la otra acusada, y a diferencia del fiscal, le considera autora también de un delito de estafa, por el que pide tres años de prisión y una multa 2.700 euros, además de otro de intrusimo, por el que reclama un año y tres meses de cárcel. También, y al igual que con los otros dos acusados, reclama que sea inhabilitada.
Por su parte, los tres acusados, en sus sendos escritos de defensa, muestran su disconformidad con el relato del fiscal, la calificación de los hechos, la autoría y las penas y aseguran no haber sido autores de ningún delito, por lo que piden su libre absolución.
Los hechos serán juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en el complejo judicial de Las Salesas, en Santander.
