El despacho asturiano Vallverdú Abogados asume la defensa de 100 afectados por la estafa piramidal de Herrero Brigantina

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El despacho asturiano Vallverdú Abogados, especializado en derecho bancario, financiero y de consumo, interpondrá en los próximos días una querella que aglutina a 100 afectados por la estafa piramidal de Herrero Brigantina.

El Grupo tenía sede en San Sebastián, que ha cerrado, en Vitoria y en Bilbao, que cerrarán durante el mes de diciembre, y se calcula que existen unas 500 víctimas con pérdidas de millones de euros.

Fundado en Ponferrada (León), el Grupo Herrero Brigantina se ha dedicado a comercializar seguros y productos de inversión de forma fraudulenta por todo el país. Compuesto por distintas empresas denominadas Herrero Brigantina SA, Herrero Brigantina Servicios Financieros, Naibc, Astudeme, Corretaxe, Herrero Brigantina Servicios Crediticios, Broker Aseguradora de Ultramar y North Atlantic Broker Insurance Company, su modus operandi consistió en utilizar la red de ex agentes de seguros de Nationale-Nederlanden, que gozaban de prestigio, para colocar entre sus carteras de clientes de confianza todos los productos financieros.

Herrero Brigantina creció durante los años 2021 y 2022 y su máximo responsable, Juan González Herrero, se encuentra huido, con todos los ahorros de los afectados a los que ha estafado mediante este fraude piramidal. Contra él pesa una orden de busca y captura emitida por la Audiencia Nacional, que ya ha abierto diligencias previas con numerosas querellas interpuestas por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Según Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados: "nos encontramos ante una de las estafas piramidales más importantes de los últimos años por el volumen de personas afectadas. Ciertamente, a día de hoy es sorprendente que proliferen este tipo de estructuras financieras con la cantidad de normativa exigible que hay, lo cual nos lleva a cuestionar la labor de los diferentes supervisores como el Banco de España o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)".