El Ejecutivo refuerza a los consumidores asturianos frente a las prácticas invasivas

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado el Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, una norma que permite adaptar a la era digital la legislación vigente, que data de 2002, para reforzar la protección de la ciudadanía frente a las prácticas invasivas.

En este sentido el director general de Consumo, Faustino Zapico, destacó la necesidad de este nuevo marco jurídico para responder a los desafíos de un mercado marcado por la digitalización y las nuevas formas de compra y venta de productos y servicios.

"En estos 23 años las formas de consumir de la población asturiana han cambiado radicalmente, solo hay que pensar, por ejemplo, en las compras online", dijo.

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la actualización del régimen sancionador. Hasta ahora, la Administración autonómica se veía obligada a recurrir a la legislación estatal ante las cuantías obsoletas fijadas en la norma de 2002. Con la nueva normativa, las sanciones se actualizan para evitar que el daño al consumidor resulte rentable. En este sentido, se prevén multas de 150 a 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a 1.000.000 para aquellas muy graves.

Además, el proyecto de ley incluye una cláusula excepcional de cuantía superior cuando la infracción, por su envergadura, produzca una alteración social grave, origine un riesgo para la salud o seguridad, o afecte a un gran número de personas. En estos casos, la sanción podrá superar el millón y superar entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa.

"Esta regulación sirve para atajar situaciones no deseadas, compras no deseadas o prácticas comerciales invasivas hacia la población", dijo Zapico.

El texto además introduce también la figura de la persona consumidora vulnerable y otorga una protección reforzada a quienes, por su edad, discapacidad, nivel de renta o brecha digital, se encuentran en una posición de inferioridad en el mercado.

Destaca el Ejecutivo asturiano que con este avance normativo, Asturias se sitúa a la vanguardia de la protección a las personas consumidoras, al ofrecer una respuesta integral a problemas como la obsolescencia programada, el control de las plataformas digitales y la necesidad de una información precontractual más transparente y accesible.