Un empresario dice que el Principado le pidió emitir facturas por conceptos distintos a los prestados

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, ha explicado este miércoles que era la Administración regional, el Principado de Asturias, el que le instó en su día a emitir facturas por conceptos distintos a los que se habían prestado. "Si fue así, lo fue a requerimiento de la Administración", ha manifestado.

Fernández Álvarez, ha comparecido en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el caso 'Marea', la presunta trama de corrupción en la administración pública que afectó a la última Administración regional socialista. Fernández Álvarez no contestó a las preguntas de los miembros de la comisión, acogiéndose a su derecho. Está imputado.

En su intervención, el gerente de ASAC ha dicho que su relación con la Administración ha sido "puntual" y que su compañía trabaja con gran cantidad de organismos públicos de toda España, de todo signo político. "Nuestra actitud ha estado siempre presidida por la buena fe", ha indicado.

Así, ha dicho que lo que afecta a su compañía del caso 'Marea' son dos actuaciones, una con la Consejería de Cultura y otra, posteriormente, con la Consejería de Administraciones Públicas del Principado. Ha explicado pormenorizadamente cada caso.

En la primera de las ocasiones, el empresario ha relatado que la Administración le pidió que atendiese al pago de las nóminas de una bibliotecaria que había que contratar con "urgencia". El Principado les dijo que necesitaba hacerse ya y que sus procedimientos no eran lo suficientemente ágiles. Fue desde la Consejería desde donde les orientaron también a la hora de contratar, ya que manejaban perfiles para ese puesto.

Transcurrido un tiempo, ASAC pidió al Principado la forma en la que iban a cobrar esas nóminas. Y la Administración regional les contestó que no tenía partidas presupuestarias específicas para eso, pero que sí tenía otras que podían "encajar".

"Se nos dice el concepto, con pelos y señales, por el que tenemos que facturar para poder cobrar los servicios que hemos prestado. De ahí surge que, de lo que era una bibliotecaria para un centro de cultura se transforma en instalación de informática para la Biblioteca de San Román de Candamo", ha relatado.

CLUB DE BALONCESTO

El otro caso al que se ha referido es relativo a la Consejería de Administraciones Públicas, dirigida por Ana Rosa Migoya, quien también está imputada en este asunto. Según Maximino Fernández Álvarez, la Consejería les informó que les habían adjudicado un concurso de 247.000 euros para informatización, cableado y comunicaciones de un edificio en Gijón. "Pero dado que el edificio no está terminado, se nos dijo que procediésemos a su facturación, para agilizar la instalación en cuanto se termine", ha señalado.

Dos o tres días después de recibir el dinero, la Consejería se dirigió a ASAC para decirles que había un "cambio de criterio" por parte del director de Sistemas de Modernización y que el dinero deberían destinarlo a "otros dos temas".

De esta forma, 35.000 euros serían para un equipo de baloncesto. Fernández Álvarez ha relatado que desde la Consejería le explicaron que era un compromiso de la anterior consejera de Cultura y actual de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y que era el equipo de mayor categoría de Asturias. "Que lo hacían de esta forma porque no quieren que salga a la luz pública el patrocinio del Principado, porque podrían entonces todos equipos de Asturias reclamarles subvenciones. Nos lo creímos", ha manifestado el empresario.

Los 212.000 restantes les dijeron que fueran a una empresa de digitalización, Implans Mounts, que ya había realizado trabajos para el Principado. Algo que, según el empresario, también era "creíble".