OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, considera positivo el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, según el cual el Consejo de Ministros aprobará este mes el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas previstas para los delitos de incendios forestales, así como exigir responsabilidad patrimonial a los acusados por los daños causado.
No obstante, en declaraciones a Europa Press De la Riva entiende que "es más urgente retirar de la competencia del Tribunal de Jurado el delito de incendio forestal intencionado, pues la experiencia de estos años ha demostrado la dificultad de obtener condenas basadas en la prueba indiciaria, que es habitualmente con la que se cuenta en un delito que se comete en zonas apartadas, e incluso de noche, siendo muy difícil contar con testigos directos".
El fiscal recuerda que los delitos de incendio forestal doloso están penados en la actualidad con un máximo de cinco años de prisión. Sin embargo, cuando existe peligro para la vida o la integridad de las personas, la condena puede ir de diez a veinte años de prisión, según recoge ya el Código Penal.
INDICIOS
En lo que respecta al jurado sostiene que "es extremadamente complejo transmitir a personas legas en Derecho que los indicios plurales y acreditados pueden llevar a la condena de una persona aunque nadie la haya visto cometer el delito o no existan pruebas directas de otro tipo". Por otro lado, opina que los miembros del Jurado son reacios a emitir un veredicto de culpabilidad basado exclusivamente en prueba indiciaria dado que el delito doloso de incendio forestal suele llevar peticiones de pena privativa de libertad que van a suponer el ingreso en prisión.
Junto a ello, destaca que "se trata además de un procedimiento muy lento", por lo que el juicio se retrasa muchos meses, e incluso años, "perdiendo el efecto disuasorio que pudiera tener una condena obtenida en fechas próximas al incendio forestal". Asimismo, es costoso desde el punto de vista económico para la Administración de Justicia.
En síntesis, De La Riva apunta que en zonas como Asturias, en la que todos los años se denuncia a múltiples personas por delito de incendio forestal, "el procedimiento del Tribunal de Jurado lastra de manera importante a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, obligada a asistir desde el primer momento a toda la compleja tramitación prevista en la Ley de Jurado".
En la actualidad hay cinco personas imputadas en Asturias por un delito de incendio forestal doloso, que serán juzgadas por tribunales populares en los próximos meses. Los cinco son ganaderos y están imputados por fuegos registrados en el Principado en los meses de febrero y marzo de este año 2012.